Fue el 5 de marzo de 2013, cuando el entonces presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, murió a los 58 años como consecuencia de un cáncer colorrectal en el Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” de la ciudad de Caracas, tras casi dos años de tratamiento médico realizado casi por completo en La Habana, capital de Cuba.
Inmediatamente después del fallecimiento del líder de la Revolución Bolivariana, el heredero político del mandatario venezolano, Nicolás Maduro Moros, asumió el poder en aquel país sudamericano, que vivía una época de bonanza económica debido a los altos precios del petróleo; sin embargo, el posterior desplome del mercado petrolero marcaría el destino de la nación latinoamericana.
Sin el carisma de su antecesor, el político chavista debió hacer frente a la caída de los precios internacionales del petróleo, hecho que terminó por convertirse en una catástrofe para una economía venezolana totalmente dependiente del crudo para obtener divisas, que son indispensables para importar productos básicos como alimentos y medicinas.
Aunque la República Bolivariana de Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo, estimadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en más de 302 mil millones de barriles de crudo; la producción petrolera ha ido en picada hasta situarse en apenas un millón 542 mil barriles diarios entre 2018 y 2019. Durante sus mejores años de extracción, el país sudamericano produjo casi tres millones de barriles de oro negro diariamente.
Los bajos precios internacionales del petróleo, el desplome de la producción de crudo y las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen de Maduro Moros han golpeado duramente a la economía venezolana durante los últimos años con una crisis sin precedentes. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación sudamericana perderá por lo menos 10 por ciento de su valor durante 2020.
Debido a la imposibilidad de conseguir divisas suficientes para importar artículos básicos como medicamentos y comida, el Gobierno de Venezuela ha devaluado reiteradamente su moneda hasta el punto en que un dólar estadounidense es equivalente a por lo menos 70 mil bolívares; sin embargo, el billete verde es mucho más caro en el mercado negro de divisas.
Con la devaluación de la moneda venezolana y el desabastecimiento de productos básicos, la inflación ha llegado a niveles nunca antes vistos a nivel internacional; según las proyecciones del Banco Mundial (BM), el aumento de los precios en Venezuela será de aproximadamente 500 mil por ciento a lo largo de este año.
El deterioro generalizado de la calidad de vida, los servicios de salud, la seguridad, el empleo y la economía han provocado que el país latinoamericano pierda terreno en el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que se ubica actualmente en el lugar 96 con una tasa de 0.726 por debajo de naciones del continente como Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Barbados, Uruguay, Bahamas, Trinidad y Tobago, Panamá, Costa Rica, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, México, Granada, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Jamaica.
Todo lo anterior se ha traducido en un éxodo de venezolanos que buscan un mejor nivel de vida y seguridad fuera de su país de origen; de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de venezolanos solicitantes de asilo o refugio se ha disparado 8 mil por ciento desde 2014 en todo el mundo.
Según datos de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, más de 4 millones 800 mil personas han abandonado la nación sudamericana durante los últimos cinco años. Los venezolanos en el exilio han llegado principalmente a Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Panamá, España y México.
Además de la tragedia humanitaria causada por la crisis económica, la República Bolivariana de Venezuela ha padecido las consecuencias de la corrupción y el autoritarismo del régimen encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha acusado varias veces a la oposición de pretender derrocarlo por medio de un golpe de Estado.
La organización global Transparencia Internacional considera al país sudamericano como uno de los más corruptos del mundo junto con Guinea Ecuatorial, Sudán, Afganistán, Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia, ya que ocupa el puesto 173 de 180 naciones evaluadas en el Índice de Percepción de Corrupción 2019.
Para el nuevo presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado mexicano Joel Hernández García, las violaciones más graves a los derechos humanos ocurren en Venezuela y Nicaragua. En este sentido, la asociación Foro Penal ha documentado la existencia de por lo menos 328 presos políticos en territorio venezolano.
Desde que –hace un año– el presidente de la Asamblea Nacional, el dirigente opositor Juan Guaidó Márquez, se autoproclamó como presidente encargado de aquel país sudamericano; Maduro Moros ha ido perdiendo apoyo internacional y solamente mantiene el respaldo incondicional de Cuba y Nicaragua a nivel regional, mientras México ha mantenido una postura neutral entre el gobierno venezolano y la oposición.
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