La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó prisión domiciliaria contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude y soborno
Después de dos días sin poder llegar a un acuerdo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia informó sobre la decisión de otorgar medida de aseguramiento con detención domiciliaria al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La primera reacción frente a la decisión fue del propio senador Uribe quien se pronunció por medio de su cuenta personal de Twitter.
Uribe es en la actualidad un prominente senador y es el mentor de Iván Duque, el actual mandatario del país sudamericano.
La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020
Esta investigación inició porque en primera instancia el senador Uribe demandó al senador Iván Cepeda, del Polo, por supuesta fabricación de testigos en una investigación de 2018 en la que “el entonces magistrado José Luis Barceló decidió llamarlo a indagatoria al encontrar que, presuntamente, Uribe estaba intentando torcer el testimonio de testigos para que se retractaran de afirmaciones en las que lo señalaban de promover el paramilitarismo en Antioquia”, según detalló La W.
En esta decisión, que marca un hecho histórico en el país ya que nunca se había emitido tal orden ante un expresidente, fue tomada por cinco magistrados: César Reyes Medina, Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, Misael Fernando Rodríguez Castellanos y Héctor Javier Alarcón Granobles.
Pero, ¿esta ya es una decisión definitiva? Según dio a conocer RCN, y según el abogado Francisco Bernate, es una decisión “de carácter provisional. No ha sido declarado culpable, su defensa puede interponer el recurso de apelación, pero la medida se hace efectiva de inmediato”.
Por esta razón, la defensa podría interponer el recurso de apelación aunque si no se presenta “el trámite del proceso continúa en la Sala de Instrucción y Juzgamiento que tendrá ahora que seguir evaluando las pruebas, cerrar el caso y decidir si acusa ante la sala de juzgamiento o si precluye el caso definitivamente”, ratificó Bernate ante RCN.
La orden de captura podría ahondar la tormenta judicial y política en el país, similar a la que desató el llamado a indagatoria del exmandatario. También amenaza con incrementar la polarización en un país políticamente dividido.
Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada son acusados de soborno y fraude, delitos para los que la legislación colombiana establece prisión de hasta 12 años.
El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó testigos a través de terceros.
