El Tribunal Supremo español confirmó este lunes la inhabilitación por desobediencia del presidente catalán, el separatista Quim Torra, que fue apartado del cargo tras esta decisión con posibles consecuencias negativas para la estabilidad del gobierno central de Pedro Sánchez.
Dirigente regional desde mayo de 2018, Torra recurrió al Tribunal Supremo tras ser condenado en diciembre a un año y medio de inhabilitación por resistirse a retirar una pancarta con lemas separatistas de la sede de su gobierno como había ordenado la Junta Electoral.
Este alto tribunal estudió el caso el 17 de septiembre y ratificó que el líder separatista “desobedeció de forma contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central”.
La confirmación de la condena implica su destitución de la presidencia de esta rica región del noreste de España, con idioma propio y amplia autonomía que en 2017 fue escenario de una tentativa de secesión.
En un discurso de despedida desde la sede del gobierno regional, Torra asumió su inhabilitación, aunque advirtió que llevará lo que él considera “un golpe urdido por los poderes del Estado español” ante la justicia europea.
“Les puede más la sed de venganza que no el respeto a la salud”, añadió, criticando que su destitución provoca una situación de inestabilidad en la región en medio de la segunda ola de la pandemia del coronavirus.
Su cargo lo asumirá interinamente su vicepresidente Pere Aragonés, aunque con competencias limitadas, mientras en el Parlamento regional se abre un periodo de algo más de dos meses para encontrar un relevo.
De no conseguirlo, Cataluña celebraría elecciones a principios de 2021, que serían las quintas desde 2010 en esta región donde el incremento del independentismo fue parejo a una mayor inestabilidad política.
Este cese puede repercutir en el gobierno de izquierdas español de Pedro Sánchez, que busca el apoyo de los separatistas catalanes para los presupuestos de 2021, donde deberían incluir las multimillonarias ayudas europeas para reactivar una economía maltrecha por la pandemia.
Investido en enero con la ayuda del partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Sánchez inició en enero una mesa de negociación con las autoridades regionales para reconducir el largo conflicto catalán que quedó interrumpida por la pandemia.
La destitución de Torra puede envenenar las relaciones entre ambas partes y dificultar su reactivación que, al mismo tiempo, es una de las condiciones de ERC para apoyar las cuentas gubernamentales.
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