En su primer informe sobre las deficiencias del Estado de Derecho en la Unión Europea, el Ejecutivo del bloque criticó las medidas adoptadas por Polonia y Hungría para revisar sus sistemas judiciales, señalando que eran una “importante fuente de controversia” y motivo de “seria preocupación”.
Las críticas a Hungría y Polonia se producen cuando el bloque pretende condicionar el acceso al dinero de la UE, incluido el del nuevo fondo de recuperación del coronavirus de 750 mil millones de euros, al respeto del Estado de Derecho.
El informe también se centró en los desafíos a la independencia de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción, diciendo que la pandemia del coronavirus sirvió como una “prueba de fuego” de la resistencia democrática de los 27 Estados de la UE.
“Las reformas de la justicia en Polonia desde 2015 han sido una fuente importante de controversia”, dice el informe, que añade que Hungría también se encuentra entre los Estados miembros donde “la dirección del cambio ha dado lugar a una grave preocupación por el impacto de las reformas en la independencia judicial”.
Varsovia y Budapest están desde hace tiempo inmersas en batallas con la UE por socavar los controles y equilibrios democráticos al poner a los tribunales, los medios de comunicación, las ONG y los intelectuales bajo un mayor control estatal.
“La Unión Europea se creó también como un antídoto contra (…) las tendencias autoritarias”, dijo la principal autoridad de la UE en materia de democracia, la comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourova, coautora del informe.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pidió esta semana la destitución de Jourova después de que esta dijera que la visión intolerante de la democracia que tiene el mandatario húngaro estaba de hecho provocando la creación de una “democracia enferma” en Hungría.
La Comisión rechazó la petición de Orbán.
Bulgaria, Rumania, Croacia y Eslovaquia también fueron criticadas en el informe por las deficiencias en la garantía de la independencia del poder judicial. El documento también señala escándalos de corrupción en Bulgaria, Eslovaquia, Croacia, la República Checa, Hungría y Malta.
El informe indicó asimismo que las medidas de emergencia de algunos gobiernos para hacer frente al coronavirus fueron demasiado lejos al restringir el escrutinio de las decisiones públicas por parte de los medios de comunicación y la sociedad civil.
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