Las personas LGTB de El Salvador, Guatemala y Honduras que se desplazan a Estados Unidos huyendo de la discriminación y la violencia en sus países ven frustrado su sueño de asilo por las directrices migratorias cada vez más restrictivas de Washington, denunció el miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).
En un informe titulado “Vivo cada día con miedo”, HRW documentó el acoso que sufren lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en los tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica por parte de pandillas, agentes del orden y sus propias familias, sin que las autoridades las protejan.
Eso “ha llevado a muchos a buscar asilo en Estados Unidos”, detalló HRW, que entrevistó a 116 víctimas del fenómeno. “Sin embargo, las políticas de la administración del presidente (…) Trump ha hecho casi imposible que obtengan asilo”, denunció la organización.
La oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia británica de noticias Reuters.
Con el pretexto de la pandemia del coronavirus, Washington cerró las fronteras terrestres del país a los solicitantes de asilo, y en junio los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional plantearon prohibir asilo a los inmigrantes por motivos de “género”, refirió HRW.
El Departamento de Justicia emitió en septiembre otra regulación que acorta los tiempos para las solicitudes de asilo y permite que los jueces de inmigración introduzcan sus propias pruebas en esos casos, aunque esos indicios reflejen prejuicios contra la comunidad LGTB, agregó.
El informe pone como ejemplo de la tragedia el caso de la transgénero salvadoreña Camila Díaz, deportada en 2017 desde la nación norteamericana, a donde había huido por amenazas contra su vida, y muerta al regresar a su país a manos de tres policías que fueron condenados a 20 años de prisión en julio.
“Las personas LGBT en el Triángulo Norte enfrentan altos niveles de violencia que sus propios gobiernos parecen incapaces o no quieren abordar”, dijo en el estudio Neela Ghoshal, investigadora de HRW.
Honduras y El Salvador han aprobado leyes sobre delitos de odio en los últimos 10 años, pero no han condenado a nadie por esa razón en el marco de una sentencia, ni siquiera a los tres policías que cumplen pena de cárcel por el homicidio de Díaz, añadió la organización.
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