Un juez federal de Estados Unidos prohibió el martes al gobierno del presidente Joe Biden hacer cumplir una moratoria de 100 días a las deportaciones, una prioridad clave en la agenda del mandatario demócrata sobre inmigración.
Drew Tipton, juez federal de distrito, emitió una orden de restricción temporal solicitada por el gobierno de Texas, que presentó una demanda el viernes contra un memorando del Departamento de Seguridad Nacional que ordenó a las agencias de inmigración que detuvieran la mayoría de las deportaciones.
La orden de Tipton es un golpe para el gobierno de Biden, que ha propuesto cambios de gran alcance buscados por los defensores de la inmigración, incluido un plan para legalizar a unas 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia. Biden prometió durante su campaña detener la mayoría de las deportaciones durante 100 días.
La orden representa una victoria para los líderes republicanos de Texas, que a menudo entablaron demandas para entorpecer los programas promulgados por el predecesor demócrata de Biden, el presidente Barack Obama. También mostró que, así como varios gobiernos estatales y grupos a favor de la inmigración liderados por los demócratas lucharon en los tribunales contra el entonces presidente Donald Trump por asuntos relacionados con la inmigración, a menudo con éxito, también lo harán los republicanos con Biden en el cargo.
El secretario interino de Seguridad Nacional, David Pekoske, firmó un memorando el primer día de Biden como presidente, en el que ordenaba a las autoridades de inmigración que se centraran en la seguridad nacional y las amenazas a la seguridad pública, así como en cualquier persona detenida que ingresara sin permiso a Estados Unidos después del 1 de noviembre. Eso significó un cambio radical de política frente al gobierno de Trump, que hizo que cualquier persona que hubiera ingresado ilegalmente en Estados Unidos fuera una prioridad para deportación.
La moratoria de 100 días entró en vigor el viernes y benefició a casi cualquier persona que haya ingresado a Estados Unidos sin autorización antes de noviembre.
El fiscal estatal de Texas, Ken Paxton, argumentó que la moratoria violaba la ley federal, así como un acuerdo que Texas firmó con el Departamento de Seguridad Nacional al final del gobierno de Trump. Ese acuerdo requería que Seguridad Nacional consultara con Texas y otros estados antes de tomar cualquier acción para “reducir, reorientar, cambiar prioridades, relajar o modificar de alguna manera la aplicación de la ley de inmigración”.
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