Londres anunció este martes más y más duras medidas de control a los viajeros, con fuerte multas e incluso cárcel para los infractores, en un esfuerzo por frenar la importación de nuevas cepas de coronavirus posiblemente menos sensibles a las vacunas actuales.
País más castigado de Europa por la pandemia, con 113,000 muertos confirmados por Covid-19, el Reino Unido se encuentra confinado por tercera vez a raíz del descubrimiento en el sur de Inglaterra en diciembre de una nueva cepa más contagiosa que hizo dispararse el número de casos.
El ejecutivo de Boris Johnson teme especialmente la importación de variantes resistentes a las vacunas, especialmente después de que un estudio mostrase que la desarrollada por AstraZeneca/Oxford tiene poca eficacia en adultos jóvenes contra las formas leves de Covid-19 provocadas por la cepa sudafricana.
Así, tras haber prohibido a mediados de enero las llegadas desde más de 30 países, incluidos en una “lista roja” que engloba a toda Sudamérica, Panamá y Portugal entre otros, a partir del próximo lunes impondrá nuevas medidas para el resto de países del mundo.
Todos los viajeros que lleguen a Inglaterra tendrán que someterse a dos pruebas de Covid-19 PCR, en el segundo y octavo día de una cuarentena obligatoria de 10 días tras su llegada, anunció ante el Parlamento el ministro de Sanidad, Matt Hancock.
Tendrán que pagarlas de su bolsillo -el precio mínimo en el Reino Unido ronda las 120 libras por test- y cada positivo sumará 10 días más a la cuarentena.
Esto se añade a la exigencia actual de que todos los viajeros que se dirijan al Reino Unido presenten antes de embarcar una prueba de Covid-19 negativa realizada como máximo 72 horas antes.
Además, los británicos o residentes legales en el Reino Unido que regresen de un país de la “lista roja”, a quienes no se puede impedir la entrada, tendrán que realizar su cuarentena en uno de una veintena de hoteles designados por el gobierno y correr con una factura de 1,750 libras (2,000 dólares; al rededor de 48 mil pesos) por viajero individual.
Para asegurarse de que se cumplan estas normas, Hancock anunció que quien se niegue a realizarse las pruebas PCR se arriesga a una multa de entre 1,000 y 2,000 libras, mientras que quienes no respeten la cuarentena podrían tener que pagar entre 5,000 y 10,000 libras.
Por su parte, los viajeros que mientan sobre su presencia en un país de la “lista roja” 10 días antes de viajar podrían ser condenados a hasta 10 años de prisión.
“La gente que se salta estas normas nos pone a todos en peligro”, subrayó el ministro.
“Reforzar nuestro régimen de pruebas para incluir a todo el que llegue mientras están aislados proporcionará un nivel adicional de protección, y nos dará más oportunidades para detectar nuevas variantes”, había dicho previamente un portavoz del departamento de Sanidad.
Para levantar un confinamiento de muy pesadas consecuencias econónimicas y sociales, el gobierno de Johnson tiene puestas todas sus esperanzas en la masiva campaña de vacunación lanzada el 8 de diciembre.
Esta ha permitido inyectar una primera dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech o AstraZeneca/Oxford a 12.3 millones de los 66 millones de habitantes del país.
Las autoridades británicas tienen el objetivo de llegar a 15 millones la próxima semana, incluyendo a todos los mayores de 70 años, personal sanitario y enfermos crónicos. Y esperan haber vacunado a todos los adultos para mayo.
Dispuesto a que la variante sudafricana, de las que se han detectado de momento 147 casos en todo el Reino Unido, no lo eche todo a perder, la semana pasada el gobierno lanzó un programa intensivo de pruebas puerta a puerta a todos los habitantes de las zonas del país donde esta está presente, tengan o no síntomas.
Con información de El Economista
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