La Legislatura de Virginia dio la aprobación final el lunes a una ley que acabará con la pena capital en el estado, un giro drástico para un estado que ha ejecutado a más personas que cualquier otro.
La ley ahora será enviada al gobernador demócrata Ralph Northam, quien dijo que la aprobará, convirtiendo a Virginia en el 23er estado en poner fin a las ejecuciones.
La mayoría demócrata de Virginia, en control de la Legislatura durante un segundo año, presionó para su revocación argumentando que la pena de muerte se ha aplicado de forma desproporcionada a personas de minorías étnicas, enfermos mentales e indigentes. Los republicanos expresaron su preocupación hacia las víctimas y sus familiares, afirmando que hay crímenes tan atroces que los perpetradores merecen ser ejecutados.
Ambas cámaras de la Legislatura aprobaron leyes de revocación separadas a principios de mes. El lunes, el Senado aprobó la ley de la Cámara de Representantes que será enviada a Northam con 22 votos a favor y 16 en contra. La senadora republicana Jill Vogel se unió a los demócratas de la cámara para votar a favor. Horas después, la Cámara de Representantes votó para aprobar la versión del Senado, idéntica a la propuesta de la Cámara de Represntantes, con 57 votos a favor y 43 en contra.
Históricamente, Virginia ha implementado la pena de muerte más que cualquier otro estado, ejecutando a casi 1.400 personas desde sus días como colonia, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Desde que la Corte Suprema federal reinstaurara la pena de muerte en 1976, Virginia, con 113 ejecuciones, sólo está atrás de Texas.
Con la decisión, Joe Biden es el primer presidente que llega a la Casa Blanca tras haber hecho campaña por la abolición de la pena de muerte. Sus aliados progresistas le reclaman que haga realidad su promesa y apoye las propuestas a debate en el Congreso para eliminarla a nivel federal. Sería un cambio drástico con la herencia de Donald Trump, que en sus últimas semanas en el poder puso fin a un largo periodo de 17 años sin ejecuciones federales para ordenar llevar a cabo las condenas de 13 personas que estaban en el corredor de la muerte, una mujer entre ellas, la primera en 70 años.
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