El Parlamento español aprobó definitivamente este jueves la ley que despenaliza la eutanasia, lo que convierte al país en uno de los pocos que permitirá a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento.
Prioridad para el gobierno de izquierda, la legislación recibió la luz verde en el Congreso de los Diputados con 202 votos a favor, de la izquierda, centro y regionalistas, 141 en contra, de la derecha y la extrema derecha, y dos abstenciones.
Inmediatamente después, los aplausos resonaron en la cámara baja por varios minutos.
“Hoy somos un país más humano, más justo y más libre. (…) Gracias a todas las personas que han peleado incansablemente para que el derecho a morir dignamente fuera reconocido en España”, tuitéo el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
Cuando entre en vigor la ley, después de una moratoria de tres meses, España será el cuarto país europeo en permitir la muerte asistida, tras Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
En América Latina, sólo Colombia la acepta, aunque no ha legislado al respecto.
La ley española autoriza la eutanasia (el personal médico administra la sustancia mortal) y el suicidio asistido (la persona se encarga de tomar la dosis prescrita).
La norma prevé que toda persona con “enfermedad grave e incurable” o padecimiento “crónico e imposibilitante” pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse “un sufrimiento intolerable”.
Se imponen estrictas condiciones, como que la persona, de nacionalidad española o residente legal, sea “capaz y consciente” al hacer la petición, que debe formular por escrito “sin presión externa” y repetir quince días más tarde.
El médico siempre podrá rechazarla si considera que no se cumplen los requisitos. Además, debe ser aprobada por otro médico y por una Comisión de Evaluación.
Y cualquier profesional de la salud puede alegar “objeción de conciencia” para negarse a participar en el procedimiento, costeado por la sanidad pública.
La legislación fue aplaudida por organizaciones que defienden el derecho a morir dignamente, que mantuvieron una lucha de décadas, durante las cuales sonados casos visibilizaron la problemática.
El más emblemático, el de Ramón Sampedro, un gallego tetrapléjico que pasó 29 años reclamando el derecho a un suicidio asistido.
La legislación es rechazada por la Iglesia católica y partidos de derecha y extrema derecha, mientras que su aplicación genera interrogantes en algunos sectores médicos, que afirman que salvar a toda costa a un paciente está en “el ADN del médico”.
La eutanasia “es siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro”, indicó la Conferencia Episcopal Española (CEE).
“Empujar a la eutanasia” a las personas “más vulnerables (…) es un vergonzoso acto de abandono social que encubre una negación a la mejor asistencia sociosanitaria”, lanzó en la cámara baja el diputado del Partido Popular (PP, derecha), José Ignacio Echániz.
Vox, formación de extrema derecha, anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional.
Además del de Ramón Sampedro, otros casos causaron impacto en España, como el de Luis Montes, un médico anestesista procesado por provocar la muerte de más de 70 pacientes terminales, aunque finalmente sobreseído en 2007.
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