“La ley garantiza que todo niño por nacer con latido del corazón se salvará de los estragos del aborto”, señaló el republicano Greg Abbott, al promulgar el texto, que no prevé ninguna excepción en casos de incesto o violación
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el miércoles una ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo, como parte de una ofensiva liderada por estados conservadores contra el derecho a la interrupción de la gestación en el país.
“La ley garantiza que todo niño por nacer con latido del corazón se salvará de los estragos del aborto”, señaló el republicano Abbott, al promulgar el texto, que no prevé ninguna excepción en casos de incesto o violación.
Antes de Texas, una docena de otros estados, incluidos Luisiana y Georgia, también aprobaron leyes para prohibir los abortos tan pronto como los latidos del corazón del feto sean perceptibles, alrededor de la sexta semana de embarazo, cuando aún muchas mujeres ignoran que están embarazadas.
Todas estas leyes han sido invalidadas en los tribunales, porque violan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que reconoce el derecho al aborto siempre que el feto no sea viable, es decir, hasta entre las 22 y 24 semanas de gestación.
Pero la más alta corte estadounidense, que el presidente republicano Donald Trump ancló firmemente en el conservadurismo, señaló el lunes que podría revisar este criterio de “viabilidad” al aceptar examinar una ley de Miisipi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas.
El ingreso en su seno de tres jueces designados directamente por Trump, de un total de nueve magistrados, ha galvanizado a los opositores al aborto, que compiten en imaginación para brindarle a la Corte Suprema oportunidades de volver al tema.
Así, la nueva ley de Texas contiene un dispositivo sin precedentes que autoriza a cualquier ciudadano, establecido en cualquier estado, a iniciar procedimientos civiles contra médicos o establecimientos que ayuden a una mujer a realizarse un aborto.
Si bien el derecho al aborto fue reconocido por la Corte Suprema en 1973, continúa dividiendo fuertemente al país, con una dura oposición en los círculos religiosos, y constituye un poderoso instrumento para movilizar a los votantes de derecha.
