Una jueza federal ordenó el martes a Texas no permitir que los policías estatales detengan vehículos con migrantes a bordo sobre la base de que podrían propagar el COVID-19, mientras crecen las preocupaciones y los casos de coronavirus a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
La orden temporal emitida por la jueza de distrito Kathleen Cardone de El Paso representa una victoria a corto plazo para el gobierno del presidente Joe Biden, que había advertido que el plan del gobernador Greg Abbott crearía más problemas en medio de altos niveles de cruces fronterizos en Texas, particularmente en Rio Grande Valley, que un funcionario estadounidense describió como el “epicentro del repunte actual”.
En una muestra de la creciente crisis, los funcionarios locales que han rechazado las acciones de inmigración de línea dura de Abbott para encarcelar a los que cruzan la frontera y para construir una nueva barrera, declararon esta semana un estado de desastre local en momentos en los que suben los casos de COVID-19 y la capacidad en los albergues para migrantes se agota.
Cardone dijo que la directiva de Abbott tendría el efecto de “exacerbar la propagación del COVID-19”. Programó otra audiencia para la próxima semana.
La oficina de Abbott no comentó de manera inmediata sobre el fallo.
Al igual que Texas, el gobierno de Biden también está planteando inquietudes sobre la variante Delta, la cual es más contagiosa, mientras un gran número de personas sigue llegando a la frontera sur de Texas. El lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) renovaron los poderes de emergencia que permiten que las autoridades federales expulsen a las familias de migrantes en la frontera con el argumento de que eso evita una mayor propagación del coronavirus.
Pero en la demanda contra Texas, el Departamento de Justicia federal acusó a Abbott de empeorar potencialmente la propagación del COVID-19, señalando en unos documentos entregados a la corte que la transferencia de migrantes prolongaría la detención de niños que viajaron sin compañía de un adulto en instalaciones “cada vez más hacinadas”.
El juez Richard Cortes del condado de Hidalgo, quien es demócrata y el funcionario electo de mayor rango en el condado más poblado de Rio Grande Valley, dijo el martes que, normalmente, alrededor del 8% de los migrantes que fueron sometidos a una prueba de coronavirus arrojaron un resultado positivo. Señaló que esa cifra es ahora de 16%, más o menos en concordancia con la tasa de resultados positivos de Texas del 17%, de acuerdo con datos de salud estatales.
“No está mejorando. Está empeorando”, señaló Cortez, defendiendo su orden de desastre local.
Los críticos han acusado a Abbott —quien busca elegirse para un tercer periodo en 2022— de tratar de desviar la culpa del rápido aumento de las cifras de COVID-19 a los migrantes, al tiempo que rechaza las peticiones de volver a implementar órdenes de uso de mascarillas y otras restricciones relacionadas con la pandemia. El martes, Texas superó los 7.000 pacientes hospitalizados a causa de la enfermedad por primera vez desde febrero y reportó más de 11.000 casos nuevos.
La semana pasada, Abbott había autorizado una mayor presencia de policías estatales en la frontera de Texas para “detener cualquier vehículo ante la sospecha razonable” de que transporte migrantes. Los policías podrían entonces enviar a los vehículos de regreso a su punto de origen o remitirlos a depósitos.
Los cruces fronterizos generalmente disminuyen durante el verano por el sofocante calor. Sin embargo, las autoridades estadounidenses informaron el lunes que en julio recogieron a aproximadamente 19.000 menores sin compañía de un adulto, superando el máximo anterior de 18.877 registrado en marzo. El total de junio fue de 15.253, de acuerdo con David Shahoulian, secretario adjunto de política fronteriza y de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, que señaló que Rio Grande Valley tenía las cifras más altas.
En total, las autoridades estadounidenses detuvieron a migrantes en unas 210.000 ocasiones en la frontera en julio, comparadas con 188.829 de junio y la mayor cantidad en más de 20 años. Pero las cifras no son directamente comparables debido a que muchos cruzan la frontera en repetidas ocasiones debido a que son expulsados de manera expedita sin permitirles solicitar asilo y sin enfrentar consecuencias jurídicas.
Los CDC dijeron el lunes que la expulsión expedita seguiría en vigor hasta que su directora “determine que el peligro de que se siga introduciendo el COVID-19 en Estados Unidos por conducto de los extranjeros a quienes se aplica la medida ha dejado de ser una amenaza grave para la salud pública.”
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