El próximo 1 de marzo Joe Biden dará su primer discurso sobre el Estado de la Unión, ante el Congreso, en un contexto de crecientes contagios de la COVID-19 y de dificultades de los demócratas para aprobar su plan de gasto social y su reforma electoral.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, invitó este viernes a Biden a dar ese tradicional discurso en el que los mandatarios estadounidenses hacen balance de su gestión en el año anterior y anuncian nuevas metas y prioridades legislativas.
“Gracias por sus ideas audaces y su liderazgo patriótico, que han guiado a Estados Unidos fuera de una crisis y dentro de una era de grandes avances, en la que no solo nos recuperamos de la pandemia sino que reconstruimos mejor”, dijo Pelosi en una carta enviada a Biden.
La líder demócrata invitó al mandatario a dar ese discurso ante ambas cámaras del Congreso el 1 de marzo para reflexionar sobre su primer año en el poder, que calificó de “histórico”.
Biden ha aceptado esa invitación y dará su discurso en la fecha sugerida por Pelosi, confirmó después la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial que llevaba al mandatario a Colorado.
En abril del año pasado, Biden ya dio un discurso ante ambas cámaras del Congreso, pero esa intervención no cuenta como “estado de la Unión”, porque tradicionalmente solo se llama así a las alocuciones que se dan cuando un presidente lleva por lo menos un año en el poder y puede, por tanto, rendir cuentas por su gestión.
Históricamente, los discursos sobre el estado de la Unión se han producido en enero o febrero, y la elección del 1 de marzo como fecha para el discurso podría responder al actual pico de contagios de COVID-19 por la variante ómicron, aunque ni el Congreso ni la Casa Blanca confirmaron ese extremo.
No está claro si, para cuando Biden pronuncie el discurso, podrán asistir todos los legisladores y senadores en persona, como es tradicional; ni si para entonces los demócratas habrán conseguido aprobar alguna otra prioridad legislativa, como el paquete de gasto social de 1.75 billones de dólares.
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