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Tras la clausura de su terminal de combustibles en Tuxpan hace cinco meses, Monterra Energy presentó una notificación de intención de someter una reclamación a arbitraje al gobierno de México por acciones ilegales y discriminatorias que impiden las operaciones de su terminal de importación de combustibles en el puerto de Veracruz, negando el debido proceso y violando provisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El capítulo 11 del T-MEC establece mecanismos claros para la indemnización de compañías estadounidenses a través de un proceso de arbitraje internacional si un proceso inicial de consultas no resuelve el asunto de manera satisfactoria.
En la notificación de intención, la empresa con sede en Houston indicó que sus daños derivados de las acciones discriminatorias por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pueden ascender a aproximadamente 667 millones de dólares.
“Hemos hecho más de lo que se pudiera esperar para resolver de manera cooperativa este asunto, a fin de seguir apoyando la economía y seguridad energética de México y de proveer empleos bien remunerados en el país”, apuntó Arturo Vivar, CEO de Monterra.
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