“Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a toma de carreteras y caminos (…), que están siendo controlados por la policía nacional y las fuerzas armadas”, anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana, según la Defensoría del Pueblo.
Dina Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo y su posterior destitución y detención el miércoles pasado.
Aseguró inicialmente que gobernaría hasta el fin de su mandato en julio de 2026, como prevé la Constitución.
Pero una ola de protestas que exigen la liberación de Castillo y elecciones inmediatas la llevaron a proponer adelantar la fecha de las elecciones primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023.
“Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo haciendo reajustes ayer, conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023”, dijo el miércoles Boluarte a la prensa.
El Congreso se reunirá en pleno este jueves para debatir la propuesta de ir a las urnas a fines del año próximo.
En tanto la fiscalía, que acusa a este maestro rural de izquierda de “rebelión” y “conspiración”, busca mantenerlo en prisión preventiva durante 18 meses.
El juez que debía tratar el miércoles el pedido, Juan Checkley, reprogramó la audiencia para este jueves a las 08:30 (13:30 GMT) tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido todos los documentos de la causa.
El magistrado indicó que Castillo seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto hace una semana.
“¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, tuiteó.
“Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo”, agregó.
Otro tribunal rechazó el martes una apelación de Castillo para recuperar su libertad al considerar que existe riesgo de fuga, pues el expresidente intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso.
El exmandatario izquierdista permanece detenido en un cuartel policial en Lima frente al cual se agolpan un centenar de sus simpatizantes desde hace varios días.
“Nos vamos a quedar acá hasta que nuestro presidente salga y vaya nuevamente al sillón presidencial de palacio de gobierno”, dijo a la AFP Roxana Figueroa, una asistenta social de 59 años.
El gobierno de Boluarte ya había declarado el estado de emergencia en varias ciudades que registraron protestas violentas, como Arequipa e Ica, pero no en todo el territorio.
Numerosas carreteras permanecían el miércoles bloqueadas en 14 de las 24 regiones del país, según la policía.
Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte.
“Pareciera que Lima es todo el Perú. Nuestro pedido es el cierre del Congreso y la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte”, dijo a la AFP Hugo Maquera, uno de los manifestantes que bloqueó el puente internacional de Ilave, en Puno, en la frontera con Bolivia.
“Es una situación de una convulsión social muy seria, nosotros tememos que esto vaya a desembocar en una asonada porque incluso hay personas que están llamando a la insurgencia, que están pidiendo levantarse en armas”, dijo a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un “paro indefinido” para exigir elecciones generales que obligó a suspender del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.
Desde antes del autogolpe la fiscalía de Perú investigaba a Castillo por liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.
Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001.
Castillo asegura que la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le acusan de delitos que no cometió y buscaban sacarlo del poder.
Con información de El Economista
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