Por orden de la Corte Suprema de Justicia, Estados Unidos mantendrá vigente el Título 42. Foto: Agencia EFE
El Gobierno de Estados Unidos seguirá expulsando a la mayoría de las personas que lleguen a la frontera usando el Título 42, una normativa sanitaria aprobada por la Administración anterior por la pandemia, después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara mantenerla de forma cautelar.
“La frontera no está abierta y seguiremos aplicando nuestras leyes”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado, después de conocerse este martes la orden del Alto Tribunal que deja en el limbo a cientos de migrantes que esperan en México para poder pedir asilo en la Unión Americana.
La frontera entre México y Estados Unidos sigue estos días llena de migrantes a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resolviera este martes, después de que ya dictara de forma cautelar la suspensión del levantamiento de esta norma, que estaba previsto para el 21 de diciembre.
El Alto Tribunal, en una decisión tomada con el voto a favor de cinco jueces frente a cuatro en contra, accedió a la petición de fiscales generales de 19 estados de congelar la suspensión del Título 42 mientras se dirime en los tribunales el futuro de esta norma.
En el comunicado, DHS aseguró que “seguirá administrando la frontera” pero pide al Congreso de Estados Unidos aprobar una reforma al sistema migratorio.
Por su parte, al ser preguntado sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, dijo a reporteros en la Casa Blanca que su administración seguirá aplicando el Título 42, aunque ya pasó el tiempo de revocarlo.
“La corte no decidirá sobre el asunto hasta junio, aparentemente, y mientras tanto debemos hacer cumplir la ley, pero ya venció su plazo”, dijo el mandatario estadounidense antes de salir rumbo a las islas Vírgenes, donde celebrará Año Nuevo con su familia.
La normativa, impuesta por la administración del expresidente Donald Trump con la excusa de la pandemia, se mantiene de forma indefinida, al menos hasta después de que el Alto Tribunal escuche los argumentos de las partes en su periodo de audiencia, y eso no será hasta febrero del año próximo.
La Corte Suprema de Justicia tendrá que tomar una decisión después, una vez estudiado el caso, y se desconoce cuánto puede tardar en hacerlo.
El senador demócrata Bob Menéndez pidió a la Administración Biden tomar otras medidas para expandir las vías legales de migración en respuesta a la decisión judicial de mantener el Título 42.
El legislador aseguró además en un comunicado el mismo martes que la normativa es una “reliquia desastrosa de las política migratorias racistas” del Gobierno Trump.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos criticaron también este martes la decisión del Alto Tribunal de mantener el Título 42, señalando que prohíbe el derecho al asilo.
“La decisión de la Corte Suprema de Justicia tendrá consecuencias mortales para las personas que huyen de la persecución”, señaló Melissa Crow, abogada del Centro para Estudios de Género y de Refugiados de la Universidad de Hastings, con sede en California, en un comunicado.
La organización International Rescue Coommittee (IRC) también lamentó la orden judicial y señaló que mantener el Título 42 “niega el derecho legal que tienen los solicitantes de asilo a pedir protección en Estados Unidos”.
Un grupo de fiscales generales de 19 estados, incluyendo Texas, fueron los que provocaron que la Corte Suprema de Justicia tuviera que pronunciarse. Alegaban que la suspensión provocaría “un daño masivo e irreparable” en materia migratoria.
Un juez federal del Distrito de Columbia falló a mediados de noviembre ordenando la suspensión del Título 42, decisión que fue recurrida por los fiscales generales de 19 estados y por la Administración Biden.
Los estados argumentan que se enfrentan a una crisis migratoria si se suspende el Título 42 y que el Gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para enfrentar la situación.
La normativa ha permitido que se lleven a cabo más de 1.5 millones de expulsiones en la frontera, desde que entró en vigor en marzo del 2020, según datos de IRC.
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