Buscan destituir a Dina Boluarte, presidenta de Perú

Tras la violenta represión de las protestas en Perú, un grupo de congresistas de izquierda propuso destituir a la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”

Un grupo de congresistas peruanos de izquierdas, en minoría en el Legislativo, presentó este miércoles una moción de vacancia (destitución) contra la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”.

En el documento, que ha sido firmado por 26 parlamentarios, se esgrime como argumento para su destitución que Perú “está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte”.

La presentación de una moción de este tipo debe contar, cuando menos, con la firma de 26 legisladores, tras lo cual deberá recibir 52 votos para ser admitida a trámite y para que se declare la destitución de un gobernante requiere del apoyo de 87 de los 130 congresistas.

El pasado 7 de diciembre, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo tras su fallido autogolpe de Estado, comenzaron unas protestas antigubernamentales que se expandieron por todo el país desde el 11 de diciembre y que en enero se han mantenido con fuerza.

Desde entonces, 46 manifestantes han perdido la vida en enfrentamientos con las fuerzas del orden, así como un policía, que fue quemado vivo.

Violenta represión policial

Al menos, 16 personas más han perdido la vida en distintos escenarios relacionados con los bloqueos de carreteras por parte de manifestantes, según han confirmado la Defensoría del Pueblo, Acnur, Unicef y la Policía.

Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria adelantada de elecciones generales y de una asamblea constituyente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en varias ocasiones que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente “carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú”.

Esa situación, a su juicio, “puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos”, por lo que ha instado al Estado “a que, por medio de las autoridades competentes, avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho”.

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