Este viernes, el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció la creación de una unidad para investigar y examinar condenas que puedan ser “injustas o indebidas”, lo que podría derivar en la reapertira de casos.
La Unidad de Justicia Posterior a la Condena (PCJU) investigará e identificará casos que pueden ser aptos para una posible nueva sentencia, explico la Fiscalía en un comunicado.
Bonta reconoció que a pesar de los esfuerzos de los fiscales por lograr justicia se pueden presentar errores. “Ya sea como resultado de prejuicios, cambios en análisis forenses o cualquier otro problema, nuestro sistema no es infalible y debemos hacer todo lo posible para garantizar la integridad de los procesamientos en nuestro estado”, ahondó.
La unidad es el primer esfuerzo del fiscal demócrata por buscar transparencia y rendición de cuentas a raíz las campañas de grupos independientes, como el Proyecto Inocencia de California, que han logrado con éxito probar que hubo errores en condenas de reos, que por lo general pertenecen a grupos minoritarios.
La medida se une a un creciente esfuerzo de fiscalías de varios estados y ciudades por establecer grupos especializados que buscan aumentar la confianza en el sistema legal penal a través de investigaciones y revisiones posteriores a las condenas.
Las revisiones han logrado en muchos casos exonerar convictos. Por ejemplo, un juez en Michigan exoneró el año pasado a Melvin y George DeJesús, que habían sido condenados a cadena perpetua por el asesinato y la violación de una mujer en 1995 pese a que testigos declararon que los hermanos estaban en otro lugar cuando ocurrió el crimen.
Las autoridades tampoco encontraron evidencia de ADN que vinculara a los latinos con la escena del asesinato.
La exoneración se logró gracias al trabajo de los abogados de Proyecto Inocencia de la Western Michigan University en coordinación con la Unidad de Integridad de Condenas (CIU) de la Fiscalía General de Michigan.
Las iniciativas para lograr revisiones de condenas incluso han llegado a convertirse en ley.
En 2021 el estado de Misuri promulgó una ley que permite a los fiscales solicitar audiencia ante un juez en casos de posibles condenas injustas. Esta semana el afroamericano Lamar Johnson fue exonerado tras ser condenado a cadena perpetua por la muerte de un joven en 1995 en ese estado.
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