El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley impuso este jueves 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo
El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley impuso este jueves 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien ya se encuentra en prisión por su fallido autogolpe de Estado, mientras se le investiga por caso de corrupción.
Durante una audiencia virtual, Checkley dijo que la medida era “idónea porque no se trata de un juicio común, sino uno que reviste alta peligrosidad” y explicó que el exmandatario, detenido por 18 meses de prisión preventiva por el autogolpe, obstaculiza a la Justicia mediante al amedrentar a testigos, llegando incluso a la fiscal general, Patricia Benavides.
En tal sentido, el magistrado dijo que Pedro Castillo enfrenta una probable pena de 32 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.
Igualmente, el nombramiento del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, prófugo de la justicia, con la supuesta intención de copar ese ministerio con funcionarios afines que faciliten “direccionar los proyectos” de infraestructura, a cargo de esa cartera.
De la misma forma, el juez citó los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo entregó a Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para adjudicarse de obras públicas, con sobornos al Gobierno.
Checkley afirmó que “Castillo tuvo una participación clave en estas conductas ilícitas”.
Respecto al peligro de fuga y arraigo de Castillo, el juez supremo precisó que la detención del expresidente, en diciembre pasado, se produjo “cuando pretendía asilarse en la embajada de México”, lo cual corroboró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cabe recordar que la esposa y los dos hijos menores de Pedro Castillo recibieron asilo por López Obrador, horas después del fallido golpe de Estado.
Sobre el arraigo, el magistrado recordó que Castillo no tiene domicilio real actual y que no se puede considerar al penal de Barbadillo, donde está recluido desde diciembre, como su domicilio actual, como pidió su abogado.
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