La ONU reconoció la decisión de la SCJN de despenalizar el aborto a nivel federal en México. Foto: Especial
Un día después de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizará el aborto a nivel federal, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos manifestó su beneplácito y urgió a tomar medidas para implementar dicha sentencia.
“Esta sentencia, que confirma fallos previos de la Suprema Corte, representa una gran victoria para las mujeres en México en su lucha de décadas por la autonomía de su cuerpo, su salud y sus derechos sexuales y reproductivos”, indicó el organismo en un comunicado.
El miércoles 6 de septiembre, la Primera Sala del Alto Tribunal concedió un amparo a la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y declaró inconstitucional la tipificación del delito de aborto en el Código Penal Federal.
Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, destacó que dicha decisión judicial “es un testimonio de la importancia de contar con un poder judicial independiente comprometido con la defensa de los derechos humanos”.
Como consecuencia de esta sentencia, todas las instituciones federales de salud deberán proporcionar a las mujeres y personas gestantes los servicios necesarios para interrumpir su embarazo.
La ONU hizo un llamado al Congreso de la Unión para que elimine el delito de aborto del Código Penal Federal; asimismo, exhortó a los congresos estatales para que avancen en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Volker Türk destacó además que, gracias a la sentencia de la Primera Sala de la SCJN, ningún profesional de salud podrá ser criminalizado por brindar este tipo de servicios.
En 2007, la Ciudad de México fue la primera entidad federativa que legisló para permitir el aborto hasta las 12 semanas de gestación; actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo es legal en 12 estados del país.
Sin embargo, el resto de las entidades federativas solamente permiten que una mujer interrumpa su embarazo en casos de violación e inseminación artificial forzada; así como causas económicas y alteraciones genéticas graves del feto.
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