Hasta ahora, el Gobierno de Nicaragua ha despojado de su nacionalidad a los obispos católicos Rolando Álvarez (encarcelado) y Silvio Báez (exiliado)
Al menos 19 religiosos de Nicaragua, entre ellos el obispo encarcelado Rolando Álvarez y el obispo exiliado Silvio Báez, y otros 14 sacerdotes, han sido declarados “traidores a la patria” y despojados de su nacionalidad, según un estudio presentado este miércoles de forma telemática.
La IV entrega del estudio titulado “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”, de la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, indica que los 19 religiosos privados de su nacionalidad (2 obispos, 14 sacerdotes, 1 diácono y 2 seminaristas) forman parte de los 667 ataques que ha sufrido la Iglesia católica de Nicaragua por parte del Gobierno que preside Daniel Ortega en un período de 5 años y 4 meses.
Esos ataques, ocurridos entre abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales en ese país, y agosto de 2023, incluyen el arresto del obispo Álvarez, quien fue condenado en febrero pasado a 26 años y cuatro meses de prisión por delitos considerados traición a la patria, tras negarse a abandonar Nicaragua.
Molina detalló que hasta el 31 de agosto pasado hay un obispo y ocho sacerdotes encarcelados en Nicaragua, y otros tres religiosos se encuentran bajo investigación, entre ellos el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.
Exilios, destierros y expulsiones
Asimismo, la investigadora sostuvo que “151 religiosos han sido perjudicados por la persecución de la administración pública Ortega Murillo“ a través del exilio forzado, destierros, prohibición de entrar a Nicaragua o expulsiones del país.
Entre ellos mencionó el caso del nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, quien fue expulsado por el Gobierno sandinista en marzo del año pasado, y el del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien abandonó el país en 2019 por razones de seguridad y a petición del papa Francisco.
Molina dijo que los principales afectados con esas medidas han sido 83 monjas o hermanas religiosas de diversas congregaciones y 58 sacerdotes, quienes han sido expulsados de Nicaragua o se han visto obligados al exilio, principalmente.
Asimismo, según el estudio, 13 propiedades pertenecientes a la Iglesia católica han sido “confiscadas” por el Estado de Nicaragua, pese a que el artículo 44 de la Constitución Política prohíbe la confiscación de bienes.
El Estado, además, ha cerrado de forma “arbitraria” cuatro universidades, dos institutos, 15 medios de comunicación, siete congregaciones religiosas y 11 proyectos y obras sociales de la Iglesia católica nicaragüense, precisó Molina.
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