Por decisión del presidente Daniel Ortega, Nicaragua salió de la OEA. Foto: Especial
Nicaragua deja definitivamente este domingo la Organización de los Estados Americanos (OEA) al culminar un proceso de salida que arrancó hace dos años, en medio de la crisis social y política que estalló en el país centroamericano en abril de 2018.
El Gobierno sandinista presentó hace dos años la solicitud formal para salir de la OEA, luego de que la Asamblea General de Cancilleres de ese organismo descalificara las elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.
La 51 Asamblea General de la OEA resolvió por mayoría que las elecciones que garantizaron la permanencia de Ortega en el poder, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
Esos comicios, celebrados el 7 de noviembre de 2021, destacaron por la ausencia de siete potenciales candidatos a la Presidencia de la oposición que fueron encarcelados antes de las votaciones acusados de “traición a la patria”, así como por la eliminación de tres partidos opositores, la derogación de la observación electoral, discrepancias sobre el nivel de participación, y una serie de leyes que restringieron la participación en el proceso.
En reacción, el Gobierno de Nicaragua anunció su renuncia y desvinculación de la OEA, de la que fue uno de los miembros fundadores en 1948.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, explicó a través de una carta que conforme el artículo 67 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, notificaba “oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la OEA, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización”.
En el texto de denuncia, Managua acusó a la OEA de incumplir, desconocer irresponsablemente y trasgredir su propia Carta sobre el respeto a la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas.
También tildó a la OEA de haber sido diseñada como un foro político diplomático “que nació por influencia de Estados Unidos como instrumento de injerencia e intervención, y su actuar contra Nicaragua ha demostrado que esta organización que funciona permanentemente en Washington, tiene como misión facilitar la hegemonía de los Estados Unidos. con su intervencionismo sobre los países de América Latina y el Caribe”.
Desde las manifestaciones populares que estallaron en abril de 2018 contra el Gobierno de Ortega, y que dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo Permanente de la OEA aprobó 12 resoluciones sobre la situación de Nicaragua.
En esas resoluciones la OEA condenó el uso de la fuerza por parte del Estado para neutralizar las protestas, y en siete de ellas demandó la liberación de opositores y críticos de Ortega.
Cuatro meses después de denunciar la Carta de la OEA, el embajador de Nicaragua ante ese organismo, Arturo McFields, se rebeló contra el Gobierno de Ortega con un duro e inesperado alegato en el que denunció la “dictadura” de su país y exigió la liberación de los presos políticos.
“Tengo que hablar aunque tenga miedo, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí”, declaró McFields, quien dijo tomar la palabra “en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida” en Nicaragua desde 2018.
Un día después Ortega destituyó oficialmente a su representante diplomático que lo acusó de dictador en la OEA.
El 24 de abril de 2022, la Policía Nacional ocupó a la fuerza las oficinas alquiladas por la OEA en Managua, y tres días después el Gobierno formalizó la expropiación de edificio, donde anunció, en un primer momento, que crearía el “Museo de la Infamia”.
El 22 de agosto de ese año, el Gobierno, a través de la Procuraduría General de la República, entregó ese edificio a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), y el 23 de febrero de 2023 se inauguró allí el centro de estudios “Casa de la Soberanía Padre Miguel D’Escoto Brockmann”.
El Consejo Permanente de la OEA recordó al presidente Ortega, el pasado 8 de noviembre, que seguirá obligado a respetar los derechos humanos una vez el país centroamericano culmine su salida del organismo.
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