La nueva medida antiinmigrante en Texas, EUA, instruye a los hospitales públicos a recolectar información sobre el estatus migratorio de sus pacientes; por ello, ha causado preocupación entre los activistas del estado y están en alerta ante sus efectos
La nueva medida antiinmigrante promulgada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que instruye a los hospitales públicos a recolectar información sobre el estatus migratorio de sus pacientes, ha encendido las alarmas entre activistas en el estado.
La decisión, anunciada el jueves en una orden ejecutiva, exige a los centros de salud entregar informes para estimar el coste de los cuidados a los migrantes que no tienen un estatus legal en el país. Los reportes deberán ser entregados en marzo de 2025, con información recababa a partir del 1 de noviembre de este año.
El texto no especifica cómo se debe implementar este directriz. Como consecuencia, tanto expertos legales como la principal asociación de hospitales están aún descifrando el efecto real que tendrá en los servicios de salud.
“Lo estamos revisando de la manera más rápida posible”, señaló la Asociación de Hospitales de Texas, que representa al 85 por ciento de los centros de salud en el estado, en un comunicado compartido.
“Ahora mismo”, agrega el texto, “los hospitales no le preguntan a los pacientes por su estatus migratorio como una condición para acceder a un tratamiento (…) la ley nos exigen dar tratamiento a todo el mundo, sin importar su capacidad de pago o su estatus” migratorio.
Los proveedores de salud no tienen una obligación legal de preguntar sobre el estatus migratorio de alguien o de reportarlo ante las autoridades. A su vez, se prohíbe a los servicios de emergencia que reciben financiación federal rehusarse a atender a cualquier persona.
La orden ejecutiva, firmada por Abbott este jueves, incluye un apartado donde se pide a los hospitales informar a los pacientes que la respuesta a las preguntas sobre su estatus migratorio “no afectarán el cuidado” que reciban.
Para David Donnatti, abogado de la organización de derechos humanos ACLU, la falta de claridad del texto, sumado a que se menciona explícitamente que no se debe negar tratamiento alguien por su situación migratoria, demuestran que se trata de una “bomba política” por parte del gobernador para “provocar una reacción”.
“Es como un cóctel molotov (…) cuya intención es causar mucho miedo y provocar” que las ONG o el gobierno federal “respondan”, señaló el experto, cuya organización ha liderado varias demandas en contra de otras medidas de Texas que señalan a la comunidad migrante.
Por sí sola, concluye Donatti, la orden ejecutiva “no tiene ningún poder” para exigirle a una persona que revele su estatus. Lo que sí genera, subrayó, es “miedo” en la población y la posibilidad de que “el acceso a la salud se disminuya”.
En esto coincide Kassandra Gonzáez, también abogada con la organización Texas Civil Right Project: “el estado está buscando instaurar miedo en la comunidad e impedir así que las personas migrantes tengan acceso a los servicios de salud”.
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