Empresas de EUA frenaron anuncios de inversión para el país ante posibles implicaciones de la reforma judicial; están analizando el impacto a la certeza jurídica en México, informó Larry Rubín, presidente de la Amsoc
Empresas estadounidenses en México frenaron anuncios de inversión para el país ante las posibles implicaciones de las reformas que tramita el Congreso para elegir jueces por voto popular y la desaparición de reguladores autónomos, reveló este martes Larry Rubín, presidente de la American Society of México (Amsoc).
“Ante las circunstancias actuales, hemos decidido no anunciar la enorme inversión americana programada porque estamos analizando el impacto a la certeza jurídica respecto a la reforma judicial”, señaló en breve entrevista en el marco de la “Tercera Convención Bilateral: un nuevo futuro compartido”, realizada en la Ciudad de México.
Señaló que estos anuncios se revisan al interior de la Amsoc, que representa los intereses del capital privado estadounidense en México, de la mano de un grupo de expertos estadounidenses aunque no precisó cifras de inversión.
Larry Rubín incluso mencionó que una de las dos candidaturas presidenciales en Estados Unidos se ha acercado a la Amsoc para expresar su preocupación respecto del impacto de reformas tan importantes para la política interna del país.
“Una de las dos campañas presidenciales de Estados Unidos nos ha expresado gran preocupación por el impacto de una reforma tan importante como la judicial y la de órganos autónomos”, comentó.
Empresarios estadounidenses piden no legislar “al vapor”
Al inaugurar la Tercera convención Binacional, Rubín pidió al Congreso mexicano no legislar “al vapor” estas reformas, ya que dijo, podría ocasionar daños a la relación bilateral con Estados Unidos y traer repercusiones económicas para el país.
“Es esencial que cualquier reforma de esta magnitud se lleve a cabo con sumo cuidado, se estudie a profundidad, no se haga legislación al vapor y verdaderamente se involucre a todos los actores”, expresó.
El líder de la iniciativa privada estadounidense en México mecionó que este es un punto a discutir en “un momento crucial” para la relación bilateral con su principal socio comercial y en el que se inscribe la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Rubín dijo a los congresistas mexicanos que es “imperativo” que se aborden estas reformas en el Congreso mexicano con “la seriedad y la reflexión que merecen”. Por lo que advirtió que los estadounidenses y los mexicanos no son ajenos a los cambios jurídicos y políticos que ocurren en las políticas internas de ambos países, al tiempo que sostuvo que estos cambios legales “no son reformas menores”, sino que se trata de “cambios vitales” que afectan la política interna y la relación comercial.
Colaboración activa vs disputas comerciales
Rubín dijo coincidir con el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, en apoyar una reforma judicial en el país. Sin embargo, manifestó su preocupación por la elección de juzgadores por el voto popular, ya que dijo podría no abordar problemas como la corrupción o impulsar su fortalecimiento institucional.
En este sentido, expresó que el capital privado de Estados Unidos quiere participar en “discusiones activas y coadyuvar a que México tenga un estado de derecho fortalecido para las empresas estadounidenses” en el país.
Sobre la intención de suprimir órganos autónomos, señaló que cualquier cambio que socave la independencia de éstos, podría derivar en disputas comerciales que afectarían a ambas economías, así como la confianza construida en conjunto.
Por ello, insistió al congreso a que se tarden en vez de dos o cuatro días, hasta seis meses, de ser necesario para que este proceso legislativo no “sea apresurado” y “se desarrolle con la seriedad que demanda una reforma de esta envergadura”.
Antes, la International Chamber of Commerce (ICC) y su capítulo mexicano también pidieron al Congreso “actuar con cautela” en la discusión de estas reformas, ya que podrían incurrir en violaciones al derecho internacional “y, por ende, posibles condenas económicas contra el país que deberán pagarse con los impuestos de todos los contribuyentes mexicanos”.
