La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que ordena al sistema financiero nacional desconocer las sanciones internacionales dictadas contra funcionarios del Estado o instituciones públicas nicaragüenses, e impone a quien las incumpla la acusación de “traición a la patria”.
La “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”, propuesta la semana pasada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, fue aprobada de manera unánime por los 91 diputados que integran el Congreso.
“Nosotros estamos en Nicaragua, no nos representan rentas del Tesoro de los Estados Unidos ni hay corresponsalía (bancaria) alguna que esté por encima de nuestra Constitución política y nuestras leyes nacionales”, declaró en el pleno el legislador sandinista Filiberto Rodríguez.
“Nos sentimos hartos de estar siempre con la espada de Damocles o una bota en el cuello”, lanzó el también diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, sancionado por EUA y Canadá.
Gutiérrez explicó que las corresponsalías bancarias son acuerdos privados entre un banco extranjero y uno nacional, que no pueden estar por encima de la Constitución ni las leyes de Nicaragua.
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