Este miércoles, la Corte Suprema de EUA examina una ley que prohíbe el acceso de menores transgénero a bloqueadores de la pubertad y tratamientos hormonales de transición
La Corte Suprema de Estados Unidos aborda este miércoles el acceso de los menores transgénero a los tratamientos médicos para cambiar de sexo. En concreto, examina una ley adoptada en 2023 por el estado de Tennessee, gobernado por los republicanos, que prohíbe a los menores que no se identifican con su género de nacimiento acceder a los bloqueadores de la pubertad y a los tratamientos hormonales de transición.
Casi la mitad de los estados estadounidenses han promulgado leyes similares. Los partidarios de la ley de Tennessee se congregaron ante el edificio del tribunal, en el centro de Washington, antes de los alegatos orales, con pancartas en las que se leía “Detengamos el daño”, “Dejemos que los niños crezcan” o “La salud importa”.
Menores y sus familias, una ginecóloga de Memphis y la administración del presidente demócrata saliente Joe Biden denuncian el carácter “discriminatorio” de la ley de Tennessee. Afirman que viola una disposición de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución sobre la igualdad porque priva a las personas transgénero del acceso a tratamientos autorizados para otros.
“Mi presencia en la Corte Suprema como abogado transgénero es posible porque he tenido acceso” al tratamiento médico examinado, escribió en un artículo publicado el martes en The New York Times.
El tema genera polémica en el país, donde el presidente electo Donald Trump se ha comprometido a imponer una prohibición federal al acceso a estos tratamientos para menores transgénero y a restringirlo para adultos.
La legislación de Tennessee conocida como SB1 fue firmada en marzo de 2023 y se propone “proteger la salud y el bienestar de los menores” prohibiendo procedimientos médicos “que puedan alentar a los menores a despreciar su sexo”.
El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, estima que esta normativa tiene como objetivo “proteger a los menores”. El Departamento de Justicia del presidente Biden se ha unido a las familias de los jóvenes transgénero que combaten la ley. En abril la Corte Suprema permitió que una prohibición similar, en Idaho, entrara en vigor mientras continúa el proceso legal.
Según la ley de Idaho, los profesionales médicos que proporcionen tratamientos a menores, incluidos bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal o cirugía, se exponen a hasta 10 años de prisión.
Los bloqueadores de la pubertad se han utilizado en adolescentes que contemplan la transición de género para retrasar la aparición de cambios físicos no deseados. Sus defensores sostienen que el proceso puede salvar la vida de los niños que luchan con la disforia de género.
Kelley Robinson, la presidenta de la Campaña de derechos humanos que aboga por los derechos LGBTQ+, estima que la ley de Tennessee y legislaciones similares de otros estados gobernados por republicanos convierten a los jóvenes trans en “peones políticos”.
“Ningún político debería poder interferir en las decisiones que mejor toman las familias y los médicos, pero eso es exactamente lo que permiten estas prohibiciones discriminatorias”, se queja Robinson.
Es “atención médica, simple y llanamente”, añadió. Los derechos de estas personas, en particular si se debe permitir a las mujeres transgénero usar baños de mujeres y participar en deportes femeninos, forman parte de las “guerras culturales” entre republicanos y demócratas.
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