Este viernes, Estados Unidos consideró una “farsa” la investidura de Nicolás Maduro en Venezuela y subió a 25 millones de dólares la recompensa por su captura por delitos vinculados al “narcotráfico y la corrupción”, informaron funcionarios estadounidenses.
El gobierno del presidente de EUA, Joe Biden, contraatacó poco después de que el líder chavista jurara el cargo en Caracas para un tercer mandato consecutivo.
Edmundo González Urrutia “debería haber sido investido hoy como el próximo presidente de Venezuela” porque “hay pruebas indiscutibles de que ganó” las elecciones del 28 de julio, dijo un funcionario estadounidense que pidió el anonimato.
Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que se hayan publicado las actas.
“Para proporcionar nuevos incentivos para llevar a Maduro y a sus cómplices ante la justicia por delitos relacionados con la conspiración para distribuir cocaína, el narcotráfico y la corrupción, hemos aumentado la recompensa a 25 millones” por información que permita capturar al presidente y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, añadió.
También han añadido una nueva recompensa por el ministro de Defensa Vladimir Padrino, por quien ofrece 15 millones de dólares, precisó.
Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a ocho altos cargos venezolanos por dirigir organismos económicos y de seguridad “que permiten la represión” y “la subversión de la democracia en Venezuela”.
Entre los sancionados figuran el presidente de la petrolera PDVSA, Héctor Andrés Obregón, y el ministro de Transportes y presidente de Conviasa, la aerolínea estatal, Ramón Celestino Velásquez.
Al mismo tiempo, para “apoyar a los venezolanos” el gobierno de Biden decidió ampliarles 18 meses el amparo migratorio que otorga permiso de residencia y trabajo, conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS).
El Departamento de Seguridad Interior considera “justificada” esta ampliación porque “Venezuela sigue enfrentando crisis políticas y económicas bajo el régimen represivo de (el mandatario Nicolás) Maduro, con condiciones que han contribuido a altos niveles de crimen y violencia”, declaró a periodistas una funcionaria que ha pedido el anonimato.
Pero Washington evitó cancelar las licencias individuales que otorgó a algunas petroleras para operar en Venezuela, entre ellas la estadounidense Chevron, algo que pide con insistencia la oposición venezolana. Se seguirán aprobando “caso por caso”, informó un funcionario.
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