Fiscales generales de EUA advirtieron que no participarán en la puesta en marcha de las leyes de inmigración, impulsadas por Trump; además, recordaron el equilibrio entre los gobiernos federal y estatales
Una coalición de 11 fiscales generales de Estados Unidos enviaron una declaración conjunta en respuesta a un memorando de la administración del presidente Donald Trump, dejando claro que los gobiernos locales y estatales de esos estados no participarán en la puesta en marcha de las leyes de inmigración.
La declaración de los fiscales surge luego de que el nuevo gobierno de Trump amenazara a funcionarios gubernamentales que no cumplan con sus órdenes migratorias.
“La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistir, obstruir o no cumplir de cualquier otra forma con las órdenes legales relacionadas con la inmigración”, señala el memorando enviado el martes por el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, quien señala lo que espera la nueva administración sobre la participación de las autoridades locales y estatales en la aplicación de las leyes de inmigración.
Constitución de EUA impide que el gobierno federal ordene a estados
Sin embargo, los fiscales demócratas recordaron que está establecido, a través de precedentes de larga data de la Corte Suprema, que la Constitución de EUA impide que el gobierno federal ordene a los estados hacer cumplir las leyes federales.
“Si bien el gobierno federal puede utilizar sus propios recursos para la aplicación de las leyes de inmigración, el tribunal dictaminó en Printz v. Estados Unidos que no puede ‘incorporar a su servicio, sin costo alguno para sí, a los agentes de policía de los 50 estados’”, mencionan además a Bove en la declaración conjunta de los fiscales, liderados por Nueva York y California.
También los fiscales recuerdan a Bove que este equilibrio de poder entre el gobierno federal y los gobiernos estatales “es una piedra angular de nuestro sistema estadounidense de federalismo”, según el comunicado conjunto.
Además, advierten que el presidente “no puede reescribir unilateralmente la Constitución” y que ha hecho “amenazas preocupantes” de usar la autoridad y los recursos procesales del Departamento de Justicia como “arma para atacar a los servidores públicos que actúen en cumplimiento de las leyes de sus estados”.
“Por ahora, estas amenazas vagas son sólo eso: palabras vacías escritas en un papel. Pero tengan la seguridad de que nuestros estados no dudarán en responder si estas palabras se convierten en acciones ilegales”, advirtieron en un comunicado, firmado por los fiscales de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island y Vermont.
