Gobierno de Trump demanda a Chicago por dificultar las tareas de deportación

El Departamento de Justicia de EUA acusó a la ciudad de Chicago de dificultar las labores de las autoridades migratorias

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de dificultar las labores de las autoridades migratorias. La acción legal busca revocar leyes estatales y locales que protegen a la población indocumentada de la deportación, argumentando que interfieren con la aplicación de la ley migratoria federal.

La demanda se presentó ante una corte federal de Illinois y es la primera que la administración de Donald Trump interpone contra un gobierno local por no colaborar con sus políticas migratorias. En el documento, el Departamento de Justicia señala leyes a nivel estatal, del condado de Cook y de la ciudad de Chicago que restringen la cooperación de las autoridades locales con los agentes de migración y limitan el intercambio de información sobre la población migrante con el gobierno federal.

Legislación migratoria

Las normas en cuestión, conocidas como leyes de “ciudad santuario” y vigentes en varias urbes del país como Nueva York y Los Ángeles, han sido duramente criticadas por políticos republicanos y la administración Trump. Según el Departamento de Justicia, estas leyes interfieren con la autoridad federal para hacer cumplir la legislación migratoria.

El gobierno argumenta que muchos migrantes indocumentados representan una amenaza para la seguridad nacional y que las ciudades santuario permiten que algunos de ellos encuentren refugio, poniendo en riesgo a la población. No obstante, defensores de estas políticas sostienen que fortalecen la relación entre la policía local y las comunidades migrantes, lo que permite que las personas denuncien delitos sin temor a sufrir deportaciones.

En Estados Unidos, vivir sin estatus legal es una falta de carácter civil y no criminal. Sin embargo, cruzar la frontera sin inspección o reingresar tras una deportación sí son delitos, el primero considerado menor y el segundo, grave. Estudios como el de la Universidad de Stanford señalan que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos en comparación con ciudadanos estadounidenses.

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