Una jueza federal mantiene el veto del DOGE, del magnate Elon Musk, al sistema de pagos del Tesoro y exige proteger los datos que contiene; dio un plazo hasta el 24 de marzo par que el gobierno de Trump demuestre formación en ciberseguridad. Foto: Agencia EFE
Una jueza federal mantuvo el bloqueo del acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del magnate Elon Musk al sistema de pagos del Tesoro estadounidense y pidió medidas para proteger los datos que contiene.
La jueza Jeannette A. Vargas, de Nueva York, confirmó el bloqueo emitido por otro juez el pasado 8 de febrero y dio un plazo hasta el 24 de marzo al gobierno de Donald Trump para demostrar que los empleados del DOGE tienen formación en ciberseguridad, entre otras cosas.
Vargas señaló en un fallo de más de 60 páginas que el interés del gobierno en la modernización y mejora de eficiencia del sistema de pagos del Tesoro no queda “socavado” por su bloqueo y señaló la importancia de “mitigar potenciales preocupaciones de seguridad”.
“Sin atajar estos problemas, las potenciales consecuencias de una brecha de ciberseguridad podrían ser catastróficas”, dijo la magistrada en el documento.
Vargas indicó que podría levantar el bloqueo si el gobierno le da una serie de informaciones sobre la correcta formación de los empleados del DOGE, los procesos de seguridad que tendrán que superar o la cadena de reporte en la que se basará la relación entre estos, el DOGE y Tesoro.
El 8 de febrero, el juez federal Paul Engelmayer bloqueó el acceso del DOGE al sistema de pagos del Tesoro tras una demanda de casi una veintena de fiscales generales estatales, y además reclamó destruir los datos descargados desde el 20 de enero, día de la investidura de Trump.
Los fiscales habían pedido impedir que el DOGE desarrollara procesos automatizados o manuales que pudieran paralizar los pagos del sistema del Tesoro, pero Vargas consideró que la solicitud estaba fuera de sus límites.
“El remedio en este caso debe ajustarse estrechamente a la reparación del daño específico argumentado por los denunciantes: la amenaza de divulgación de la información bancaria sensible de los estados contenida en los sistemas de pago del Tesoro”, opinó la jueza
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