El Tribunal Constitucional de Corea del Sur destituyó definitivamente al presidente del país asiático, Yoon Suk-Yeol, por haber declarado la Ley Marcial y enviado al Ejército para tomar el Parlamento
Por unanimidad, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprobó la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-Yeol, luego de que este declarara la Ley Marcial el 3 de diciembre del año pasado.
De esta manera, el país asiático deberá realizar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días.
El mandatario surcoreano estaba suspendido de su cargo, después de que la Asamblea Nacional avalara su destitución por haber quebrantado el orden constitucional.
Ante esto, el Tribunal Constitucional determinó que Yoon Suk-Yeol violó la Constitución al declarar la Ley Marcial y enviar a soldados del Ejército de Corea del Sur para tomar la sede del Parlamento.
Sin embargo, el gobernante ha negado reiteradamente todas las acusaciones en su contra.
“La crisis política no justifica las acciones tomadas. La situación en la Asamblea Nacional en ese momento no justificaba el ejercicio de poderes nacionales de emergencia”, enfatizó el presidente interino del Tribunal Constitucional, Moon Hyung-Bae.
Asimismo, determinó que Yoon violó la ley al impedir las funciones legislativas, violentar el derecho de los parlamentarios a deliberar y no respetar la inmunidad legislativa.
En este mismo, resolvió que el presidente de Corea del Sur empleó al Ejército con fines políticos, los cual constituyó una grave transgresión de la neutralidad política de las Fuerzas Armadas y de su deber como comandante en jefe.
De acuerdo con diferentes estudios de opinión, más del 60 por ciento de la población apoya la destitución del mandatario surcoreano.
La principal fuerza de la oposición celebró la decisión como “una victoria del pueblo” y el partido oficialista afirmó que “acepta humildemente” la sentencia del Tribunal Constitucional.
Por su parte, el presidente interino de la nación asiática, Han Duck-Soo, garantizó una transición del poder sin contratiempos hasta la celebración de nuevos comicios presidenciales.