La historia es conocida: se ha mantenido en la agenda mediática durante varios días y es la historia en la que un juez decide que un reconocido académico, investigador y articulista llamado Sergio Aguayo debe pagar una millonaria reparación por haber causado daño moral al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
Diez millones de pesos es lo que, a decir del juez José Francisco Huber Olea Contró, debe pagar Sergio Aguayo por haber acusado de corrupto al exgobernador coahuilense en una de sus colaboraciones que semanalmente publica en el diario “Reforma”.
La resolución ha sido calificada por periodistas y personajes de la academia como un exceso y es una alerta que no podemos dejar pasar.
Apenas hace un par de semanas, el 14 de enero, se hizo público un paquete de propuestas para reformar el sistema y códigos penales a nivel federal y que, a decir de quienes saben, son una serie de iniciativas que marcarían terribles retrocesos a los avances democráticos.
Entre las ideas de las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se desmarcó y le echó la culpa al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se encuentra regresar al ámbito penal los llamados “delitos contra el honor”, que son la difamación, la calumnia y la injuria.
En los últimos 15 años a nivel federal y en 26 entidades federativas desaparecieron estos delitos y pasaron al ámbito civil, pero aún hay seis códigos penales estatales que criminalizan estas conductas.
La propuesta que pretenden analizar y discutir en el Congreso de la Unión, dominado por el grupo político que gobierna este país, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), representa una amenaza al derecho a la libertad de expresión de la sociedad y al ejercicio profesional del periodismo.
En un breve análisis, la organización británica Artículo 19 se refiere a esta propuesta regresiva de la siguiente manera: “Cabe mencionar que esta propuesta no hace referencia explícita a los delitos contra el honor en algún capítulo ni los nombra expresamente, pero sí se encuentran contenidos y disfrazados bajo el capítulo de delitos contra la justicia cívica, cuyo contenido es tan ambiguo, que atenta directamente en contra de la libertad de expresión. Por ejemplo: en el artículo 468 se buscaría sancionar penalmente a quienes profieran expresiones que dañen la reputación de una persona; imputar a alguien un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que le cause deshonra, descrédito o perjuicio” (Ver texto completo en https://articulo19.org/iniciativa-de-codigo-penal-nacional-restringiria-la-libertad-de-expresion-y-el-derecho-a-la-informacion/).
Criminalizar opiniones significa que el caso de Sergio Aguayo terminaría en prisión más el pago por reparación del daño, así que no es cualquier cosa.
Una investigación periodística como la de la “Casa Blanca” o la “Estafa maestra” podrían terminar en acusaciones penales, con lo que hacer periodismo libre sería todavía más complicado en un país donde amenazas del crimen organizado y de gobiernos corruptos ya han causado más de un centenar de asesinatos, al menos 26 desapariciones y miles de agresiones directas y veladas contra medios y periodistas.
Estas propuestas que quieren empujar pondrían a México al nivel de Cuba, Venezuela, China, Siria, Somalia y Corea del Norte en lo relativo a Estados que gustan de perseguir la libertad de expresión y el periodismo libre.
Andrés Manuel López Obrador tendría que pensar muy bien si de verdad se quiere desmarcar de estas iniciativas de reforma, porque si llegasen a aprobarse, al presidente le lloverían millones de acusaciones penales por calumnia, difamación o injuria (rebautizados como delitos contra la justicia cívica), de parte de todas aquellas personas a las que ha acusado de “fifí”, conservadores, corruptos, prensa vendida, neoliberales y muchos epítetos más, y por supuesto que no le daría la vida para cumplir tantas condenas acumuladas.
*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violen-cia”.
