El gobernador grosero

Chihuahua fue uno de los primeros estados del país en contar con una ley de transparencia, una de las mejores.
La ley de transparencia de aquella entidad, vigente desde 2016, indica en su artículo cinco que son sujetos obligados “los entes públicos, los partidos políticos, las agrupaciones políticas, así como los entes privados que reciban recursos públicos y los demás que disponga la ley”.
En el mismo artículo también define a servidor público, como “toda persona física que desempeñe en un ente público, algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, por elección, nombramiento o contrato”.
Esto significa que quien ocupa el cargo de gobernador, en su calidad de persona funcionaria pública adquiere las responsabilidades y obligaciones de brindar información pública a cualquier persona que la solicite.
También le obliga a brindar información sobre su desempeño, de acuerdo con las obligaciones de transparencia que le confiere la ley; es decir, sin que nadie la haya solicitado.
Resulta contradictorio que la persona que ocupa el cargo de gobernador del estado, haya estudiado Derecho y sea él mismo quien públicamente diga que no está obligado a responder a las preguntas de una periodista.
Y es que, ante las preguntas de una reportera de “El Diario de Juárez”, el panista Javier Corral Jurado se negó a responder y dijo que no tenía la obligación de hacerlo, pero se equivoca.
Además, en los párrafos 11 y 12 de la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” se establece lo siguiente:
“En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia”.
“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas”.
Esto también parece ignorarlo el abogado que trabaja como gobernador del estado de Chihuahua, porque no actuó en contra de elementos de la Policía Estatal, bajo su mando, que intentaron ingresar ilegalmente a las instalaciones de “El Diario de Juárez” y que lo que querían era revisar la correspondencia de este medio y sus periodistas.
Javier Corral Jurado, además de abogado y de cobrar como gobernador de Chihuahua, públicamente se dice periodista, aunque en realidad no lo es.
Por eso resulta preocupante que públicamente haya dicho que no respeta a “El Diario de Juárez” ni a sus periodistas.
Javier Corral Jurado no solo viola las leyes que prometió proteger. No se da cue-ta de que su actitud grosera ante un medio que le resulta incómodo es una amenaza a la libertad de expresión, a la protección del ejercicio profesional del periodismo y a los derechos que tiene la sociedad a recibir información.
Y peor: Javier Corral Jurado, con esa actitud, eleva la vulnerabilidad de un medio y todo su personal, pues cualquiera que se crea con el derecho de defender la honra de su gobernante podría actuar en forma violenta.

*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”.