“Hoy celebramos el Día del Trabajo, en condiciones totalmente atípicas”, dijo este primero de mayo, la Secretaria del Trabajo -Luisa María Alcalde- durante la rueda de prensa de López Obrador.
Y aunque se refería a que no hubo congregaciones en las plazas públicas y a que “gran parte de la fuerza laboral del país está en su casa”, ¡cuánta razón tuvo en usar el término ‘atípicas’!
Esto, porque -por un lado- en forma grandilocuente exaltó los logros de la 4T en lo laboral y las circunstancias que atravesamos: “cómo una gran parte de la población lidia con los efectos de más de 30 años de una política neoliberal que llevaron a miles, millones de mexicanos a vivir al día sin capacidad de ahorro y sin seguridad social”… lo cuál resulta plausible.
Porque aludió a que el Gobierno de México está abocado “a erradicar prácticas ilegales de subcontratación que tienen por objeto evadir el cumplimiento de los derechos laborales”… lo cuál es urgente.
Pero, por otro -y mientras exhibe a empresas que han violado los derechos de sus empleados en la pandemia-, el nuevo gobierno recurre a acciones también ilegales; como reducir el salario de sus trabajadores y privarlos de su aguinaldo… y -peor aún- las disfraza de “voluntarias”.
El 23 de abril, el Diario Oficial de la Federación publicó el “DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”, de AMLO; el cual consigna lo siguiente:
“…ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas: I. (…) de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente”.
En este contexto, el diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, escribió en Twitter: “He recibido muchas llamadas de funcionarios y empleados del gobierno preguntando si es obligatorio renunciar a un 25% de su salario y al aguinaldo. Quienes lo solicitan son ignorantes y abusivos. La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde me ha reiterado que NADIE está obligado a hacerlo. Esa solicitud es ilegal y debe ser denunciada ante la autoridad. Los invito a unir el poder ciudadano contra autoridades corruptas”.
También tuiteó: “Altos funcionarios del gobierno están ejerciendo una coerción indebida sobre los empleados de confianza -aparentemente orquestada por SEGOB- para que acepten la disminución de su salario y la pérdida del aguinaldo o bien la renuncia al cargo”.
Por ejemplo, en el caso de Pemex, fue ya distribuido entre los empleados un documento con lo siguiente:
“Por medio del presente solicito y autorizo a Petróleos Mexicanos y/o a la Empresa Productiva del Estado a la que me encuentro adscrito, para que se descuente a mi próximo pago de nómina el 25% (veinticinco por ciento) de mi salario neto (salario después de impuestos y en su caso embargo judicial), así como en los pagos subsecuentes hasta el mes de diciembre de 2020, con la finalidad de unirme y contribuir al programa de austeridad para el rescate de la soberanía de México, instituido por el Presidente de la República conforme al Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberían observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del presente año. Lo anterior lo hago de manera voluntaria, sin que exista dolo, presión o coacción de cualquier tipo en mi contra, para lo que atentamente señalo los siguientes datos: firma, nombre del trabajador, fecha”.
Es decir, ¿“Hágase la justicia… en los bueyes de mi compadre”?
