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Y ahora sí, un golpe a la industria eléctrica

Hace apenas dos semanas escribía sobre el acuerdo del 29 de abril emitido por el Centro Nacional de Control de Energía, del cual se desprendían suspensiones temporales a las pruebas preoperativas de las centrales eólicas y solares. Este acuerdo tomaba como excusa su intermitencia y como objetivo no estresar o poner en riesgo la confiabilidad de la red de transmisión durante el periodo de la emergencia sanitaria. Pues esto resultó ser nada frente a lo que pasó la semana pasada, pues, ni tardos ni perezosos, el viernes 15 de mayo, en un proceso de aprobación al vapor, la Secretaría de Energía publicó en la edición vespertina del “Diario Oficial de la Federación” el “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional”, y con ello, ahora sí, parece que le pegaron duro a la presencia de los renovables en la industria eléctrica nacional.

De entrada, hay que entender una cosa y es que el escenario a criticar que tenemos en frente no es para nada sencillo. Hay un conjunto de acciones que política y jurídicamente se ven mal, y eso es innegable. Al mismo tiempo, hay razones técnicas que no pueden desestimarse a la ligera. Y finalmente, la mesa en la que están puestas las inversiones multimillonarias de los proyectos que se verán afectados se tambalea, pero, sobre todo, las impresiones que dejan en los dueños de los recursos es muy preocupante. Hablemos un poco de estos puntos.

Política y jurídicamente se ve muy mal, porque el acuerdo del 15 de mayo, que ahora sí suspendió y dejó en la discrecionalidad la interconexión de las centrales eléctricas renovables al sistema eléctrico nacional, beneficiando de paso a las centrales de fuentes convencionales, ha entrado en vigor de forma exprés.

Ese mismo día en la mañana apenas había sido publicado para comentarios con relación al análisis de su impacto regulatorio por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), lo que debería llevar al menos 20 días. Para los que no lo tengan claro, la evaluación del impacto regulatorio es un instrumento a través del cual se evalúa si una nueva política pública, como en este caso, satisface en términos generales un criterio de eficiencia y utilidad según el costo-beneficio que implicará para los participantes del sector y el problema que quiere resolver. Sin embargo, bajo un criterio de “emergencia” y de ausencia de costos de cumplimiento para los particulares, y con la extraña renuncia del entonces titular de la Conamer (no me consta, pero se presta a la conjetura), que antes se había negado a su publicación, el acuerdo resulta publicado el mismo 15 de mayo en la noche.

Desde la perspectiva técnica, el asunto tampoco es menor. Todo el problema asociado a la confiabilidad y seguridad del despacho de la energía eléctrica, que es lo que el acuerdo pretendería colocar como valor preponderante, reside en que la red general de transmisión es insuficiente y su estado es frágil. Ello, cuando la demanda de energía disminuye, como ha sucedido en estos meses, ciertamente puede ser un riesgo para la provisión de energía, y la intermitencia en la aportación a la red por parte de las renovables podría llegar a impactarla. El problema, no obstante, no reside en las renovables, sino en la red de transmisión, que, frente a la inversión en la generación, no se ha visto beneficiada en la misma medida, que en su carácter público debería corresponder principalmente al Estado. Que no se olvide que este gobierno canceló las licitaciones que existían para la inversión y fortalecimiento de la red.

El problema, entonces, y esto para mal de las empresas de renovables que están apostando a las baterías legales que podrían acabar por invalidar el acuerdo, es que el problema técnico que se quiere resolver sacando de la ecuación a la energía limpia no resolverá sino hasta que alguien le meta dinero y esfuerzo a la red general del sistema eléctrico.

Y el tema de las inversiones y de la percepción del riesgo asociado al país es brutal. Cambiarles las reglas del juego a los gigantescos actores del sector energético tiene resonancia allá afuera. Para ello una muestra: no habían pasado ni unas cuantas horas cuando ya había cartas de las representaciones diplomáticas de Canadá y la Unión Europea mostrando su preocupación por el acuerdo de Sener. Los malos tiempos económicos que nos ha acentuado el COVID-19, porque ya venían de antes, no están como para andarle pegando al avispero de la incertidumbre y la falta de inversión.