El 28 de mayo de 2013, el Banco Mundial publicó el trabajo “Las dimensiones sociales del cambio climático en México”, en donde se analizó la problemática de este fenómeno desde la perspectiva de la vulnerabilidad socio-espacial y económica como consecuencia de los efectos adversos de la modificación de las condiciones ambientales que prevalecen en el país.
Este instrumento es muy ilustrativo en el sentido de que explica perfectamente cómo se va configurando la resiliencia de las zonas afectadas por un cataclismo dependiendo de su condición económica, comparando, por ejemplo, la velocidad de recuperación de los daños que ocasionó el huracán Wilma en la zona turística del Caribe mexicano, con los dejados por Stan en zonas de amplia marginación en Chiapas, siendo que Stan en términos económicos causó menos afectaciones, aunado a que era un huracán categoría uno y Wilma, categoría cinco.
Esto viene a colación a partir de los recientes eventos que se han suscitado en Tabasco, donde, producto de las inundaciones, muchas familias quedaron desprovistas de sus bienes y relegadas a una pobreza extrema que difícilmente podrán superar sin el apoyo de los diversos órdenes de gobierno, lo cual, desde luego, representa un reto mayúsculo que pudiera hacerse insostenible si no se logra un cambio de directriz en las políticas ambientales en México.
Bajo tal concepción, dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, no se establece como un eje prioritario el combate contra el cambio climático. Dentro de las metas del PND 2019-2024, el Ejecutivo federal plantea sacar de la pobreza a 20 millones de mexicanos y 5 millones de la pobreza extrema, sin que para tal efecto se considere como una directriz trascendente evitar que poblaciones enteras se vean desplazadas por los efectos lesivos asociados a los fenómenos naturales. No se establece cómo se mitigarán los cada vez más recurrentes y prolongados periodos de sequía, aun cuando se sostiene que para 2024 se logrará la autosuficiencia alimentaria.
Es necesario que se consolide una agenda ambiental con miras a fortalecer la resiliencia social ante el cambio climático, para ello el gobierno de López Obrador debe advertir los factores de vulnerabilidad y riesgo presentes en las comunidades más pobres del país, donde se logren consolidar desde hoy y hacía el futuro, medidas de prevención y apoyos contra sequías o desarrollo de infraestructuras hidrológicas para regular las aportaciones pluviales, solo por dar un ejemplo.
El bienestar humano siempre debe encontrarse por encima de intereses políticos o ideas retrógradas. El cambio climático sugiere problemas residuales en las economías de todos los países, pero sobre todo en aquellos que se consideran en vías de desarrollo, como lo es México, donde se advierten problemas en la autosuficiencia alimentaria, ralentización de la pobreza, problemas en la planeación urbana y desarrollo de infraestructuras dado el factor incierto de las condiciones ambientales, lo cual no está contenido en el PND 2019-2024.
Actualmente, el Banco Mundial, en conjunto con diversos gobiernos de naciones desarrolladas, corporaciones e instancias internacionales, ofrece diversos financiamientos dirigidos al establecimiento de políticas de fortalecimiento a la resiliencia ante el cambio climático, habrá que considerar estos instrumentos para ver si con ello se puede ayudar a los grupos más vulnerables a mitigar su riesgo ante un futuro que cada día se ve más cuesta arriba.
* Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.
