Parejas en conflicto legal

Estamos ante una problemática social y de salud mental que, a pesar de las políticas públicas y programas institucionales, no ha sido posible afrontar y mucho menos disminuir en su incidencia. Me refiero a la violencia de género, particularmente la violencia hacia las mujeres.

Una de las acciones principales de la psicología jurídica y forense es realizar evaluaciones psicológicas a parejas en conflicto legal, donde la autoridad (juez) solicita que se aporte información especializada y veraz de la dinámica emocional y conductual de cada uno de sus integrantes. En muchas ocasiones, también se pide incluir la valoración de los hijos y hasta de los propios abuelos, dada las circunstancias del conflicto y disputa legal de los aún cónyuges o de padres ya en situación de divorcio.

Aunque el conflicto psicológico y legal que suele presentarse en muchas parejas aparece luego de un tiempo de haber iniciado el compromiso matrimonial, muchas parejas comienzan a tener diferencias desde la relación de noviazgo y no se les da la debida importancia, creyendo que con el tiempo “cambiarán su forma de ser”. Las causas son tan complejas como lo es la personalidad de los sujetos. Tiene que ver con sus capacidades cognitivas, habilidades socioemocionales, formas de masculinidad y feminidad, rasgos de machismo y sumisión, así como intereses y expectativas planteadas (o no expresadas) en la primera etapa de relación.

Si los legisladores locales siguen renuentes a requerir, de manera obligatoria, un examen de salud mental prenupcial, la violencia de género seguirá en aumento pues no se podrá identificar los factores vulnerables y de riesgo. De igual forma, los programas institucionales y de asistencia psicológica y jurídica dejarán en segundo plano la violencia conyugal para priorizar en los efectos colaterales que son la violencia intrafamiliar, el proceso de divorcio, la asignación de custodia, la privación de la patria potestad y la definición de las mal llamadas “convivencias familiares”.

La Escuela para padres en conflicto legal, que pocos profesionales de la psicología trabajan, se ofrece luego de una mediación de conflictos sin éxito, pero sería muy conveniente acudir a ella antes de llegar a la realización del peritaje psicológico de las partes o durante el proceso legal que se sigue y que le ha resultado complicado al juez resolver en sentencia.

Por ejemplo, en el proceso de separación y divorcio se cae en la postura de preferir “un buen pleito a un mal arreglo”, en lugar de optar por conocer y asumir los efectos psicológicos que ello implica. La psicología jurídica y forense es requerida para demostrar la idoneidad de cada uno de los padres, para hacerse cargo de la custodia de los hijos y orientar sobre el establecimiento del régimen de visitas tomando en consideración la edad y condiciones psicológicas de los menores. Pero el conflicto se agrava cuando hay necesidad de valorar el daño emocional de las “víctimas de violencia intrafamiliar” y el “estado de salud mental y peligrosidad” del victimario, así como constatar la credibilidad del testimonio de los involucrados (sobre todo en los casos de supuesto abuso sexual).

La tarea más complicada para el perito, con habilitación profesional en psicología jurídica y forense, es la determinación de predicciones de comportamiento y recomendaciones de manejo situacional que el juez solicita. Ya no tiene caso, como dice la canción: “lo que un día fue no será”, y lo más certero es decir: “lo que es será”, pero hay que anticiparlo a la conformación de matrimonios.

* Psicólogo clínico (UAQ), coordinador de área en salud mental y psicológica de IXAYANA y psicólogo clínico adscrito al Hospital General Regional del IMSS Querétaro. Ver otras colaboraciones de Saber de-mente