La discriminación ejercida por el propio Estado

En mayo de 2019, el secretario general de las Naciones Unidas António Guterres advirtió sobre la presencia de una oleada de xenofobia, racismo e intolerancia en el mundo: “Los movimientos neonazis y a favor de la supremacía blanca están avanzando, y el discurso público se está convirtiendo en un arma para cosechar ganancias políticas con una retórica incendiaria que estigmatiza y deshumaniza a las minorías, los migrantes, los refugiados, las mujeres y todos aquellos etiquetados como ‘los otros’”.

Puntualizó, asimismo, que no se trataba de un fenómeno aislado: “El odio se está generalizando, tanto en las democracias liberales como en los sistemas autoritarios y, con cada norma que se rompe, se debilitan los pilares de nuestra común humanidad”.

Por ello, hizo un llamado a la “resiliencia mundial contra este pernicioso fenómeno”, para reforzar los lazos de la sociedad y construir un mundo mejor para todos.

Para la ONU, el discurso de odio “es cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. En muchos casos, el discurso de odio tiene raíces en la intolerancia y el odio, o los genera y, en ciertos contextos, puede ser degradante y divisivo”.

México, indudablemente, está viviendo una crisis en este sentido; y, lo más lamentable, es que el propio presidente de la República promueva un discurso degradante y vejatorio, en lugar de generar medidas en contra de la intolerancia y la discriminación que de por sí hay en la sociedad y de las que él mismo ha sido víctima.

…Y, sin embargo, ahí están sus descalificaciones constantes contra la prensa y ahora en contra de la clase media, a la que refiere como hipócrita, egoísta, individualista, aspiracionista, sin escrúpulos morales de ninguna índole y partidaria de que “el que no transa, no avanza”.

“Es el odio como forma de discriminación ejercido por el propio Estado por pertenencia de clase, por poseer una ideología distinta”, explica el doctor en Derecho José Carlos Rojano Esquivel.

El discurso de odio ataca a personas, a título individual o en grupo, por ser quienes son; así lo describe el Manual sobre el Discurso de Odio, de Artículo 19; asociación que por cierto también ha padecido el discurso estigmatizante del mandatario, al haber sido señalada por él como una asociación conservadora financiada por empresas extranjeras y por el gobierno norteamericano.

“Las y los funcionarios públicos deben instruirse sobre la importancia de evitar declaraciones que puedan promover la discriminación o menoscabar la igualdad; deben comprender el peligro de trivializar la violencia o la discriminación, incluído el ‘discurso de odio’, y también deben comprender la posibilidad de que mantenerse en silencio ante dichos desafíos pueda equivaler a una aprobación tácita. En este sentido, las entidades públicas deben contar con reglas claras para regular la conducta de las personas que se expresan como funcionarios públicos”, refiere dicho manual.

La investigadora Perla Gómez Gallardo en su análisis “Los derechos humanos frente a los discursos de odio” (2017) ─en relación con los llamados a la división y a la falta de respeto a la dignidad de las personas, especialmente los migrantes, durante la presidencia de Donald Trump─ refiere que “Se requiere de una profunda reflexión sobre los candados democráticos que deben existir en las instituciones para que cualquier gobernante, independientemente de la popularidad que le otorguen los discursos de racismo y exclusión, esté imposibilitado para tener el control absoluto de un gobierno porque ello atenta precisamente contra los valores democráticos y los derechos humanos”.

Pero si el Estado no cumple con su función de promover la igualdad y la no discriminación ─y en tanto no se generen los candados democráticos referidos─ la sociedad civil y los medios de comunicación no pueden quedarse cruzados de brazos; deben levantar la voz para exigir la promoción y protección de los derechos humanos. ¡No hay de otra!