En un estado con niveles de estrés hídrico como los que tiene Querétaro, la cuestión del agua no es menor. De hecho, debe ser uno de los temas pendientes de una regulación más robusta que definitivamente quede dentro de las prioridades de la administración estatal entrante. Y, en consecuencia, también de la próxima Legislatura. Eso, suponiendo que los legisladores que están por irse no tengan aún en el tintero algo pendiente sobre este tema.
En Querétaro no existe una ley estatal de aguas, lo cual ya es un problema en sí mismo. La escasa regulación local que se tiene sobre este tema se concentra en el “Código urbano del estado de Querétaro” y, de formas indirectas, en algunos elementos de regulación ambiental. El Código urbano, no obstante, poco regula el tema del agua en sí mismo, sino que más bien organiza de forma general a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y, sí, brinda las reglas generales sobre los servicios de provisión de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Pero cuando digo generales, en verdad lo quiero decir, disposiciones muy generales que difícilmente podrían llegar a considerarse una regulación real e integral de la disposición del agua en el estado.
La falta de regulación del tema del agua es un problema que se acentúa en la proliferación de organismos operadores de agua privados que han proliferado a lo largo y ancho de la Zona Metropolitana de Querétaro.
Véase la disfunción: de origen, las funciones y servicios públicos relativos al agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es un tema que corresponde a los municipios, de conformidad al artículo 115 fracción tres de la Constitución Mexicana. En Querétaro, no obstante, todos los municipios (con excepción de San Juan del Río) han convenido históricamente con el estado para que este se haga cargo de dichos servicios; así nace la CEA. Y aún con ello, en la Zona Metropolitana desde hace años existen zonas cuyos servicios ha recaído más bien en empresas privadas, lo cual ha llegado al punto de convertirse en una práctica que ya no resulta extraña y que ha llevado a la aparición de ya un número de empresas privadas que, con una concesión, fungen como organismos operadores de agua en importantes superficies de la ciudad. Esto no tendría por qué ser negativo en sí mismo, pero sí es un problema cuando se da en un marco en el que en realidad no existe una regulación clara al respecto, más allá de las experiencias que en la emisión de cada concesión se han ido dando y que además resultan ser de lo más variadas considerando que algunos de estos organismos tienen ya muchos años funcionando.
Otro gran problema relacionado con el tema del agua, y quizá no solo en Querétaro sino inclusive a nivel nacional, tiene que ver con el mercado negro de derechos de agua que, guste o no, existe. Para la provisión de servicios de agua potable se requiere invariablemente que esta se extraiga de algún sitio, ordinariamente, del subsuelo. Esto solo puede hacerse si se cuenta con el título que ampare el volumen para su extracción, otorgado por la Comisión Nacional del Agua. La cuestión problemática reside en que estos títulos legalmente no están en el mercado, es decir, no pueden venderse. Su transmisión, en cambio, requiere ser a título gratuito.
Esto, que de inicio se debe a la legítima razón de no poner a la venta los recursos naturales, ha derivado en un mercado negro, en el que, de manera paralela a las transmisiones gratuitas, siempre hay operaciones que reflejan especulación y abuso. Y el problema no se resuelve solo. ¿No sería mejor que frente a esta realidad en el Congreso de la Unión se planteen la necesidad de crear un mercado real, justo y debidamente regulado?
- El autor es maestro en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, y socio en Ballesteros y Mureddu, S.C.
