“¿En qué hemos lastimado al país?”, preguntó el presidente López Obrador el lunes de la semana pasada en su rueda de prensa mañanera, para luego argumentar: “si nos hemos dedicado a servirle al pueblo y sobre todo a ayudar a la gente humilde, a la gente pobre”.
Lo anterior muestra claramente cómo el mandatario guía sus acciones de gobierno por un pensamiento único: el suyo, construido solo a partir de sus propias vivencias e ideas: por ejemplo, para él, la UNAM “se ha derechizado” porque en el 2000, cuando era candidato a jefe de Gobierno en la ciudad, acompañó al ingeniero Cárdenas “y nos organizaron una celada con porros, porque estaba dominada la UNAM por lo más retrograda que había y sigue existiendo”, y porque “Una vez mi hijo estaba tomando clases de Ciencia Política y un maestro de estos de nuevo cuño neoliberal les dice en la clase, sin saber que era mi hijo: ‘Tengo información de que un hijo de López Obrador tiene unas grúas y tiene la concesión del gobierno’”.
Para argüir que el Covid-19 “no les pega fuerte” a los adolescentes y que las vacunas son efectivas, habló del caso de su hijo Jesús Ernesto, quien se contagió y no lo infectó a él ni a Beatriz: “yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con Astra Zeneca. Entonces, esa es una prueba”.
Reconoció haber ordenado la desaparición del Cisen, tras exponer: “Imagino que nos siguieron siempre, nos espiaron siempre, en la casa por los teléfonos a toda la familia, a todo el círculo cercano”.
Por ello -y aunque asegura que cuida la investidura presidencial- ya no debe de sorprendernos cómo justifica los juicios sumarios que constantemente hacen él y sus paleros, en la mañanera: “A veces algunos se molestan porque se dan nombres y se hacen juicios sumarios sin que haya pruebas. Sí está mal. Hay que moderarnos en eso, hay que tener elementos siempre, pruebas, pero ayuda el que se ventilen estas cosas, es preferible que haya demasía de denuncia a que guardemos silencio”.
Mucho menos que arremeta en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por haber considerado inconstitucionales preceptos que calificaban el contrabando, la defraudación fiscal y los delitos relacionados con los comprobantes fiscales falsos, como amenazas a la seguridad nacional que ameritan prisión preventiva oficiosa.
“El abogado que se forma de manera ortodoxa se ajusta a la ley, es muy común que digan los abogados: ‘La ley es la ley’, y yo tengo una visión distinta (…) es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien. Se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces no pueden ir a la cárcel los fifís”, dijo al respecto.
Así que a él le tienen sin cuidado los razonamientos jurídicos como el que la prisión preventiva oficiosa no pueda justificarse por la gravedad del delito; que su naturaleza sea cautelar y no punitiva; que entre más amplio sea el catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, menos serán los derechos humanos del inculpado y menos se materializará la presunción de inocencia; que no cualquier actividad delictiva, aunque afecte gravemente a la sociedad y a la seguridad pública, puede ser considerada como una amenaza de seguridad nacional.
Al señor Presidente se le resbala, porque no forma parte de su experiencia y de sus conocimientos, la magistral argumentación del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: “el concepto de delito grave contra la seguridad de la Nación, previsto en el artículo 19 constitucional, no puede convertirse en un ‘cajón de sastre’ que acomode las prioridades de la política legislativa en turno”, porque “el orden constitucional está ahí, precisamente, para lo opuesto: domar a la política ordinaria y dar atemporalidad a sus protecciones elementales. Su pretensión es lograr imparcialidad al rebasar intereses de grupo y vincular a todos: gobernantes y ciudadanos a regirse por sus mandatos. El proyecto de una Nación se eleva a rango constitucional y se vuelve rígido, precisamente, para garantizar su permanencia cuando más difícil y tentador resulta no operar bajo sus principios”.ç
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