Algunos de los hallazgos reportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la segunda entrega de informes sobre la revisión de la Cuenta Pública 2020 publicada hace unos días, adquieren sentido cuando se les mira a través del enfoque del presidente López Obrador de que el feminismo, el ecologismo y la defensa de los derechos humanos fueron creados por los neoliberales, con el fin de “saquear a sus anchas y que no se hablara de corrupción…”. Aquí algunos botones de muestra:
La auditoría a la Secretaría de Gobernación sobre “Conducción de la Política de Derechos Humanos” arrojó que en dependencias y entidades del Gobierno Federal se registraron 2 mil 589 (22.1%) casos en los que hubo una indebida prestación del servicio público; y 2 mil 289 (19.5%) hechos en donde se incumplió con los principios de legalidad, honradez, lealtad y eficacia del servicio público.
Según el informe, la Segob debió tomar acciones “que contribuyeran a que las autoridades de la administración pública federal con mayor número de recomendaciones emitidas en su contra por la CNDH, contaran con herramientas que favorecieran la reducción de tal incidencia”.
La ASF dijo también que la Segob debe aplicar un mecanismo para valorar el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2020-2024 y determinar si las acciones instrumentadas serán suficientes para revertir las causas estructurales vinculadas con la problemática en la materia.
Además constató que si bien el Sistema Nacional de Evaluación del Cumplimiento de los Derechos Humanos (SNEDH) tuvo 327 (43.1%) indicadores estructurales, 247 (32.5%) de procesos y 185 (24.4%) de resultados, las acciones de Segob en este se limitaron a emitir oficios interinstitucionales, aun cuando tuvo atribuciones para opinar sobre si los indicadores de derechos humanos son parámetros fiables y precisos de medición para quienes ejecutan la política en la materia.
Por otro lado, la auditoría a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ─al programa “Conservación para el Desarrollo Sustentable” para fiscalizar los subsidios a estudios técnicos, proyectos, cursos de capacitación y brigadas de contingencia ambiental─ reveló una tendencia decreciente a su presupuesto, lo que ha provocado una baja del 11.2 por ciento en la cantidad de subsidios otorgados; así como en la programación y cumplimiento de sus objetivos y metas, “por lo que la incidencia del programa en la atención del problema público pudiera verse limitada, y con ello, la efectividad, tanto de las acciones gubernamentales que se implementan como de los recursos que se destinan”.
En el logro de los objetivos del programa, los resultados no reflejaron un avance, porque la superficie de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) con prácticas sostenibles “mostró un descenso del 51.9%, al pasar de 5.22% en 2015, a 2.71%, en 2020; lo que representó 270,350.8 hectáreas (He) menos en cinco años”.
Además, “los proyectos productivos que permanecieron disminuyeron en 90.8% (841), al pasar de 926 en 2019, a 135 en 2020, y el número de localidades que han recibido apoyos del programa presentó una tasa de reducción media anual del 9.7%, al pasar 1,172 a 469 localidades”.
La ASF realizó, igualmente, una auditoría a la gestión financiera del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), órgano responsable de las políticas nacionales de programas de planificación familiar y anticoncepción, salud sexual y reproductiva, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, salud materna y perinatal, igualdad de género, y prevención y atención de la violencia familiar.
Y resultó que el CNEGSR no entregó evidencia documental de las actividades con las entidades federativas “que acredite la planeación de asignación de recursos por ministrar e insumos por suministrar para el ejercicio 2020”.
En la auditoría a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ASF recomendó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) incluyera en su programa anual de trabajo objetivos, metas, indicadores, estrategias, prioridades y responsabilidades para medir el avance en el cumplimiento de los objetivos de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, etc.
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