Tres años han transcurrido de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República; por ello, resulta interesante hacer un alto en el camino y retomar algunos puntos ─solo por citar algunos ejemplos─ plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2014, para saber cómo vamos.
El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio del 2019, consigna en “Política y Gobierno” que erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso; y plantea, entre otras cosas, la prohibición de las adjudicaciones directas.
Pero la investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ─publicada en abril─ reveló que, en 2020, los recursos destinados a adjudicaciones directas por parte del Gobierno federal fueron mayores a los contratados a través de licitaciones públicas.
“Los recursos públicos destinados a adjudicaciones directas alcanzaron el punto más alto desde que se tiene registro. De acuerdo con datos de Compranet, el Gobierno federal realizó adjudicaciones directas por más de 205 mil 195 millones de pesos, lo que representa el 43% del monto contratado en todo el año. En contraste, durante el mismo año, las compras realizadas por licitación pública alcanzaron apenas el 40%.”, dice.
Otro punto por destacar en el PND es el de “Recuperar el estado de derecho”, en donde subraya que “Durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gobernantes como optativo y discrecional. Semejante conducta generó un gravísimo daño a las instituciones y a la moral pública, por cuanto generalizó el ejemplo de la ilegalidad en sectores de la población”; y ordenó: “En el actual gobierno todos los empleados públicos deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país, en la inteligencia de que sólo una autoridad respetuosa de la legalidad puede restaurar la confianza en ella por parte de la población”.
Incluso fue más alla: “Lo anterior significa abstenerse de simulaciones de constitucionalidad como las que practicaron los gobiernos anteriores y, por lo que hace al gobierno federal, atenerse escrupulosamente a las delimitaciones impuestas por el pacto federal y la división de poderes. Explícitamente, el Poder Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en las determinaciones del Legislativo ni del Judicial, respetará las atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales y respetará las decisiones de la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las autoridades electorales…”
Sin embargo, sobran indicadores de que estas directrices no han sido la constante: ahí está el reciente acuerdo del presidente para declarar de “seguridad nacional” sus obras y proyectos; la intentona de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar siguiera a la cabeza del Consejo de la Judicatura; su campaña en contra del INE, etc.
Ahora bien, en lo que el PND contempló como un “Cambio de paradigma en seguridad”, determinó que la Guardia Nacional estuviera adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; es decir, que el mando fuera civil.
A pesar de ello, el mandatario anunció que impulsaría en el 2023 una reforma constitucional para que la Guardia formara parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Asimismo, el documento rector estipuló que habría “Salud para toda la población” y que “el gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos”.
No obstante, tras haberlo negado en forma reiterada, finalmente el mes pasado aceptó: “Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de medicamentos (…) ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas, de ningún tipo”.
En cuanto a política exterior, el documento incluyó como prioridad la recuperación de principios como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
Empero, como botón de muestra, el presidente amenazó con exhibir a los legisladores del congreso de Estados Unidos que no avalaran la iniciativa migratoria.
¡Ah!, además, el PND estableció que habría una separación del poder político con el económico; y que se mantendría “una estricta vigilancia de los conflictos de interés de los servidores públicos”… y ─sin embargo─ ahí tenemos a un Bartlett exonerado por la Función Pública.
¿Le seguimos, o mejor ahí le paramos?
