Ante la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar ─el pasado 22 de diciembre─ el nombramiento por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) de Teresita Adriana Sánchez Núñez como presidenta del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ); la consejera de este instituto, Dania Paola Ravel Cuevas, aseguró que el tribunal no había hecho “una interpretación integral y pro persona de todos los dispositivos vigentes” y acusó violencia política de género.
“La sociedad debido a las estructuras patriarcales en las que hemos sido educadas las personas, rara vez se espera vernos en los puestos de alto mando o de dirección, como lo es la presidencia de un OPL, sobre todo cuando ese cargo ha sido históricamente ocupado por hombres como en el caso de Querétaro”, argumentó.
Cabe recordar que en contra de dicho nombramiento, dos partidos políticos, así como diversos ciudadanos, interpusieron dos recursos de apelación y tres juicios ciudadanos.
Posteriormente, el pleno de la Sala Superior del TEPJF revocó ─por unanimidad─ el nombramiento debido a que “incumplió el requisito de elegibilidad previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), relativo a que no acredita tener una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación en dicha entidad, toda vez que ha radicado desde 2017 en Nuevo León, excediendo además la excepción que establece la citada Ley General que contempla un plazo máximo de seis meses de ausencia por servicio público, educativo, o de investigación”.
Y es que la constancia de residencia que la secretaría del ayuntamiento de Querétaro había expedido “de buena fe” a favor de Sánchez Núñez, con base en los datos proporcionados por su apoderado legal en el sentido de que ella tenía 25 años de habitar en la colonia Progreso de la delegación Felipe Carrillo Puerto ─y que presentó como parte de los requisitos para participar en el proceso de elección─, fue anulada por esta misma autoridad; debido a que posteriormente constató que no vivía en ese domicilio desde hacía más de dos años; a pesar de ello, fue designada por el INE como presidenta del IEEQ.
En la sesión extraordinaria del 12 de enero, en la que el Consejo General del INE revocó el nombramiento ─en acatamiento de la sentencia del TEPJF─ el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra, sostuvo que la aspirante carecía de probidad pues quedó evidenciado que “falseó información relativa a los requisitos necesarios para obtener la constancia de residencia del ayuntamiento de Querétaro, tal y como el propio dictamen de procedencia dio cuenta. Esto con el objetivo de evadir el cumplimiento cabal, de los requerimientos plasmados en la convocatoria y normatividad en materia”.
Sin embargo, la consejera Ravel Cuevas se centró en el “camino tortuoso” que Teresita Adriana Sánchez había vivido: “Los ataques hacia su persona en ningún momento cesaron, tuvieron por objeto y resultado menoscabar el pleno ejercicio a sus derechos político electorales, impactándola de manera diferenciada y, como ya dije, desproporcionada (…) ninguna mujer merece pasar por este tortuoso camino solo por ejercer sus derechos político-electorales y participar en el ámbito público. Este no es el costo.”
Ante dicha argumentación surgen algunas preguntas: ¿En verdad esta persona dejó de ser la presidenta del IEEQ porque el patriarcado no ha caído, y no porque incumplió con los requisitos que marca la ley para aspirar al cargo?, o sea que ¿en todo aquello que no se de la razón a una mujer habrá violencia política?, ¿y si la prensa da cuenta de irregularidades en procesos de elección en los que esté involucrada una mujer, habrá violencia mediática; aunque eso no sea lo que consigna el marco jurídico a favor del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia?
La lucha de tantas y tantas mujeres para lograr avanzar en la materia no ha sido para gozar de impunidad ante situaciones ilícitas… se trata de destruir la discriminación y construir igualdad… por favor, no devaluemos nosotras mismas el concepto de “violencia política de género” solo para obtener una patente de corso, ¡eso resulta inmoral!
