“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”, escribió en Twitter el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken.
El tuit enfureció al presidente López Obrador: “Yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto (…) No hay impunidad, no son crímenes de Estado”.
Por ello, ooootra vez es necesario recordar que el principal agresor de periodistas en el país es precisamente el Estado.
Artículo 19 ha reportado, desde el 2000, el asesinato de 150 periodistas en México; 47 en el sexenio de Peña Nieto y 30 en el actual de Andrés Manuel López Obrador… 6 en lo que va del año.
También documentó, en el primer semestre de 2021, 134 agresiones por parte de autoridades: el 23.12% estuvo vinculado con funcionarios civiles, el 12.81%, con fuerzas de seguridad civiles y el 1.39% con fuerzas armadas.
En el 42.54% de los casos, los agresores fueron las autoridades estatales; en el 35.07%, las municipales; y, en el 22.39%, las federales. El crimen organizado participó en el 3.34% de las 362 agresiones reportadas.
Pero, más allá de lo que pueda decir el mandatario, está ─de entrada─ su decisión de desaparecer en noviembre de 2020, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el DOF el 25 de junio de 2012, creó ─a cargo de la Secretaría de Gobernación─ el Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; así como el citado fondo, cuyos recursos serían destinados a la operación de las medidas de protección.
Además están los reveladores datos en la auditoría de cumplimiento a dicho fondo, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al fiscalizar la cuenta pública 2020; cuyo objetivo fue verificar que su proceso de extinción se hubiera realizado de acuerdo con la ley… la ASF emitió ante las irregularidades encontradas ¡15 recomendaciones, 8 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones!
La ASF detectó deficiencias en la operación del mecanismo de protección, “lo que originó que no se acreditara que, durante 2020, la Junta de Gobierno, que ejerce los recursos del Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobó el Plan Anual de Trabajo elaborado por la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN); el informe anual de actividades y el informe sobre el ejercicio presupuestal de dicha coordinación; así como los manuales y protocolos de medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección elaborados por la CEN, y los perfiles para la designación de los integrantes de la Unidad de Evaluación de Riesgo y de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Evaluación”.
No se acreditó que los 34 integrantes de las tres unidades encargadas de realizar las actividades del mecanismo cumplieran con los perfiles de puestos; tampoco se vigiló que la empresa contratada para prestar los servicios para el mecanismo (RCU Sistemas, S.A. de C.V.) tuviera los recursos humanos y técnicos necesarios, porque ─de hecho─ en el convenio reconoció tener personal subcontratado con una empresa, la cual, se constató durante la auditoría, a su vez subcontrató los servicios de escoltas a otra empresa.
En los expedientes de los 33 beneficiarios apoyados en 2020 con medidas preventivas, de protección y urgentes de protección del mecanismo; no se probó el cumplimiento de los procesos de solicitud de acceso, evaluación de riesgos, de acción inmediata y de seguimiento oportuno a las medidas autorizadas.
Por otro lado, beneficiarios del mecanismo reportaron que las medidas no habían sido oportunas, ni recibieron capacitación sobre su uso; los vehículos proporcionados tuvieron fallas constantes; en el botón de pánico recibieron llamadas de extorsión y promociones de bancos; y las cámaras instaladas en sus domicilios no funcionaban.
Además, el área de seguimiento del mecanismo estaba integrada por solo seis personas, las cuales atendían de 120 a 130 casos ¡cada uno!.
¿Quién es, pues, es el mal informado?
