La ley sí es la ley y no se trata de un cuento…

“Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo;
va hasta que encuentra límites.
Para que no se pueda abusar de este,
hace falta que por la disposición de las cosas,
el poder detenga al poder”.
Montesquieu

Había sido una de sus promesas: “Y lo mismo se va a hacer con los funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan, chapulines fifís, brincan, chapulines conservadores, a trabajar a las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían (…) No van a poder hacerlo en el futuro, ningún funcionario público va a poder hacer lo que se venía haciendo, de que se pasaban a las empresas particulares. Ahora va a haber una veda de 10 años de acuerdo a la ley.”

Incluso, advertía: “Hay otras empresas, hay otras actividades, algunos de ellos tienen maestría, tienen doctorado, hasta en universidades del extranjero: pueden ser maestros, pueden tener forma de seguir trabajando. Y también que sirva para los que tienen ahora la posibilidad de tener un sueldo, ahorren. Ya les vamos a dar un cochinito a los nuestros para que vayan haciendo su alcancía”.

Y sí, el congreso le cumplió el gusto al presidente López Obrador y el texto del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Austeridad Republicana quedó así:

“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.”

Las advertencias de la oposición en el sentido de que la medida era inconstitucional no fueron escuchadas; de inmediato se habló de que alrededor de 6 mil servidores públicos buscarían ampararse en contra del candado de 10 años…

Y pasó lo que tenía que pasar: el Pleno de la Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ─por unanimidad─ este candado de diez años, tras determinar que incidía de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional; pues impedía a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada. ¡Zaz!

De inmediato vino la reacción del presidente: “Es una aberración”(…) ¡Cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana! (…) Una mezcolanza, una inmoral promiscuidad política-administrativa; no estoy de acuerdo con eso, hay que buscar la forma, yo no me voy a quedar callado ante esas aberraciones, nos prendieron con esas prácticas, entonces vamos a continuar”.

Al día siguiente vendría un nuevo revés al ego del mandatario, por parte de la SCJN, al invalidar su facultad ─en el artículo 61, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria─ para decidir por decreto de su parte el destino de los recursos públicos generados como resultado de la implementación de medidas de austeridad.

La Corte determinó que se vulneraba la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para decidir el destino de los recursos públicos, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Constitución.

Y aunque él desparrame toda clase de improperios y descalificativos sobre los ministros que no han puesto su toga y el mallete a sus pies, y considere “patriotas” a los que votaron por la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, las dos decisiones antes descritas despiertan una pequeña esperanza de que la SCJN aún puede demostrarle al presidente que la ley sí es la ley y que no se trata de un cuento; que hay división de poderes y que ¡él no es el estado!