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Muchas dudas…

La semana pasada ─en el marco del Día Internacional de la Libertad de Expresión, como lo habíamos previsto en este espacio─ el Gobierno federal anunció una propuesta de programa para brindar seguridad social a los periodistas que laboran por cuenta propia.

De acuerdo con la información proporcionada ─con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV Trimestre de 2019─, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene registrados 41 mil 113 trabajadores, catalogados como “periodistas” y “redactores”; de estos, 34 mil 835 (84.7 por ciento) son trabajadores subordinados y remunerados, es decir que se trata de trabajadores dentro el régimen obligatorio del Seguro Social.

Asimismo, 6 mil 028 personas (15 por ciento) son periodistas y redactores que laboran por cuenta propia, por lo que no cuentan con seguridad social; 250 son empleadores (0.6 por ciento). El 60.6 por ciento de quienes ejercen el periodismo son menores de 50 años.

Según la información proporcionada en la mañanera, el objetivo del presidente López Obrador es cumplir con la Constitución y los pactos internacionales sobre los derechos laborales y sociales; específicamente en cuanto al “trabajo decente”:

“Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.

Esta medida permitirá que los tambien conocidos como “freelancer” ─ciertamente un sector aún más vulnerable, en una profesión de por sí riesgosa─ puedan gozar de seguro de enfermedades y maternidad; de riesgos de trabajo, de invalidez y vida; de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y de guarderías y prestaciones sociales.

La propuesta pues del presidente se enfoca sólo al 15 por ciento del gremio: a aquellos que no cuentan con un patrón.

El anuncio da pie a muchas dudas:

¿Cuál es el fundamento jurídico de la medida?, porque se habló solo de una “propuesta” elaborada por Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Por qué no se hizo una modificación por parte del Congreso a la Ley del Seguro Social, en materia de seguridad social para periodistas?

¿Se trata solo de una más de las ocurrencias absolutamente discrecionales del presidente?

¿Con base en qué reglas será transparentado el fondo de 760 millones de pesos para la operación de dicho programa (recursos que originalmente serían destinados a campañas de publicidad) por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob; que será la instancia responsable de administrar el fondo; y en qué momento lo entregará al IMSS?

¿Bajo qué criterios se eligió a los integrantes del comité consultivo que decidirá qué periodistas independientes serán incluidos en el censo que va a conformarse para recibir el apoyo?

¿Existe algún procedimiento para inconformarse ante las decisiones del comité?

¿Por qué solo apoyar a las “personas trabajadoras independientes”?

¿Las condiciones laborales de los miles de periodistas que trabajan para los patrones que López Obrador tanto odia, no le preocupan; es decir, si su empleo es precario, inseguro y de poca calidad no importa?

¿Fomentará dicho programa que los medios de comunicación recurran ahora a contratar a independientes, para evitan cubrir obligaciones laborales?

¿Por qué no presentar una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para mejorar las condiciones de trabajo en materia de protección y seguridad social de todo el gremio periodístico (que cuenten con equipos de trabajo, seguro de vida, etc.)?

¿Por qué no regular el riesgo de trabajo que implica el ejercicio periodístico?

¿Por qué no hablar de las jornadas laborales sin límite de horarios, ni el pago de horas extras, con escasos días de descanso?

¿Por qué no abordar la presión bajo la cual laboran las personas periodistas y los altos niveles de estrés a los que están sometidas?

¿Por qué no garantizar a las y los periodistas el ejercer la profesión en absoluta libertad?

¿Por qué no generar un marco jurídico para proteger la libertad de expresión y a las y los periodistas, ante las constantes agresiones por parte de autoridades de todo los niveles?

¿Por qué no empezar por dejar de estigmatizar, agredir, exhibir y denostar a las y los periodistas?

Mañana…

Malena Hernández

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