¿Publicar o no publicar?

La publicación por parte de Peniley Ramírez de datos que habían sido testados (tachados) en la versión pública del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa del Gobierno federal provocó serios ataques y descalificaciones hacia la periodista.

En “Ayotzinapa el encubrimiento”, ella expuso: “Obtuve una copia de ese informe, sin testar. Contiene el relato y las citas que escribí en los primeros párrafos de esta columna. Decidí escribirlo con la misma crudeza como aparece en el documento, con los criminales hablando de los estudiantes como si fueran animales. No lo logré. Los mensajes muestran la deshumanización y violencia de algunos sectores de la sociedad mexicana, que deberían obligarnos a reflexionar acerca de lo que hemos hecho mal como país”.

En Twitter explicó que una fuente con acceso al informe, la había buscado semanas atrás: “Me dijo que en ese documento había nuevas pistas sobre el caso y que consideraba vital que se investigaran. Me compartió una copia del documento, sin testar. Lo leí. Luego hicimos varias entrevistas”.

Dijo que los mensajes que compartiría – y que habían sido intercambiados entre personajes claves en los hechos en las horas anteriores y posteriores (días, semanas y meses) a la desaparición de los 43 estudiantes-  eran “muy crueles, aberrantes y deshumanizantes”, y justificó: “Los comparto porque considero que esto debe conocerse, como lo considera también mi fuente. Los padres de los normalistas ya han visto el informe sin testar, según mi fuente”.

Los mensajes que en la versión pública fueron tachados revelan la participación de militares y funcionarios; además de una cronología que según la fuente que filtró el documento, debe ser investigada.

En un pronunciamiento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que ha acompañado a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, puntualizó que: “Ante filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”.

El jueves pasado, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer el hackeo a miles de correos de Sedena, con información relevante sobre el estado de salud del presidente.

Ejercer la actividad periodística implica recibir información de innumerables fuentes, unas perfectamente identificadas; en este caso, la relación debe mantenerse siempre en un marco de respeto, seriedad y profesionalismo. Esto significa que si dice que no puede ser citada, o que no puede atribuirsele nada en absoluto, debe respetarse; si aclara que la plática que sostuvo no puede utilizarse, salvo como un marco contextual, así hay que hacerlo. Y si pide no ser identificada, se acuerda con ella la manera de referirla, siempre y cuando no se mienta.

En otros casos, la fuente es anónima, es decir desconocida para el periodista; entonces, los datos recibidos solo deberían emplearse si aportan información complementaria o enriquecen el tema que se aborda… siempre y cuando esta sea contrastada con, por lo menos, otras dos fuentes.

Las filtraciones de información son una práctica común; y lo cierto es que nutren el trabajo del periodista. Ante ello, lo primero que hace un reportero – consciente de que quien entrega información que permanece en sigilo evidentemente tiene una motivación- es analizar si el tema es de interés público, si revela sucesos ocultos relevantes para la sociedad y si exhibe acciones ilegales que perjudican a otras personas o abre líneas de investigación de hechos irregulares.

El periodista enfrentará siempre un dilema ético: ¿publicar o no publicar? ¿correr el riesgo de sufrir consecuencias legales por su osadía?

El periodismo implica riesgos, sí, y también una lucha constante para evitar formar parte del ocultamiento de la verdad; la mejor protección legal por difundir información siempre será el derecho del público a recibirla.