El pronunciamiento DGDDH/081/2022 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo el pasado 30 de octubre, en relación con la Recomendación General 46/2022 -en la que llama a la transformación del INE y reclama el derecho del pueblo a la democracia (y que incluso da la impresión de haber sido redactado por el mismísimo presidente de la República)- forma parte de una estrategia perfectamente planeada para presionar a que se concrete la reforma electoral de López Obrador; una revisión a la cronología de las acciones de la CNDH lo revela claramente:
El 28 de abril de este 2022, la CNDH emitió -con el apoyo de su consejo consultivo- la “Recomendación General 46/2022 sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951-1965”, dirigida a diversas autoridades, entre ellas al INE; sin importar que el artículo 102, Apartado B, de la Constitución – a propósito de los organismos de protección de los derechos humanos- consigne que: “no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”.
Luego, el pasado 25 de octubre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un acuerdo del Consejo Consultivo de la CNDH que modificó el reglamento interno de la institución.
En dicho acuerdo, el consejo determinó, en el artículo 140 (lo que luego la CNDH usaría como fundamentación de su actuación): “La Comisión Nacional también podrá emitir recomendaciones generales a las diversas autoridades del país, a fin de que se promuevan las modificaciones de disposiciones normativas, de políticas públicas y de prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos (…) ”.
Asimismo autorizó: “Las recomendaciones generales se enviarán a las autoridades a quienes vayan dirigidas y se publicarán íntegras en el portal de la CNDH y en la Gaceta, y en un extracto en el Diario Oficial de la Federación. El registro de las recomendaciones generales se realizará de forma separada, y la verificación del cumplimiento se hará mediante la realización de informes de seguimiento que deberá emitir periódicamente la Secretaría Ejecutiva, donde conste el alcance de su cumplimiento”.
Con base en esto último, el viernes 28 de octubre, el DOF publicó la “SÍNTESIS de la Recomendación General 46/2022. Sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951-1965”.
Así las cosas, el 30 de octubre, la CNDH lanzó el polémico pronunciamiento DGDDH/081/2022 en el que argumenta que las reformas al reglamento interno, la dotan de facultades para un seguimiento más puntual de las recomendaciones generales; y, por ello es que están enviando a diversas autoridades, exhortos que permitan documentar el cumplimiento de la Recomendación General 46/2022, que incluye “una recomendación específica al H. Congreso de la Unión para: 3. Llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa; así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía, que elimine por completo el control gubernamental y la prevalencia de los intereses partidistas, tal cual era la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el período 1951-1965”… y esto se da justo cuando ¡los diputados analizan la iniciativa presidencial!; de tal manera que el mensaje, con un evidente fin de manipular al “pueblo bueno y sabio” es: “si no se aprueba la reforma electoral, se violan derechos humanos”.
Pero en su estrategia les faltó prever que el propio consejo consultivo de la CNDH se desmarcaría de su postura acerca de que “IFE/INE sea un órgano autónomo únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo”; y que exigieran a la presidenta no hacer “interpretaciones políticas”.
¡Vegonzoso pues el papel que está jugando doña Rosario Piedra Ibarra pues más que “defender al pueblo”, como pregona en sus pronunciamientos; a quien protege en forma incondicional es a la persona que le regaló el cargo: el presidente!
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