El proyecto Grinch…

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la discusión de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que impediría al Municipio de Chocholá, Yucatán, colocar en espacios públicos signos que aludan a una convicción religiosa específica; así como erogar recursos públicos para poner símbolos, en espacios públicos, que refieran una convicción religiosa específica.

Esto, por una demanda de amparo indirecto presentada en 2020 por un ciudadano que reclamó: la colocación de objetos decorativos en alusión al “nacimiento de Jesucristo”; el uso de edificios públicos para manifestaciones de culto y manifestaciones religiosas personales; y la realización, en el ejercicio de las funciones públicas, de una manifestación pública de preferencia hacia una religión en específico (el Catolicismo).

Para el doctor en Derecho José Carlos Rojano Esquivel, el ministro confunde laicidad con laicismo; y considera que la libertad religiosa debe entenderse en un sentido de armonización y no de exclusión.

“El quejoso en el citado amparo en revisión, tiene intacto su derecho, de creer o no creer, no se le han impuesto creencias, ni se le ha sometido a acciones de proselitismo religioso alguno. Un Estado que, por motivos relacionados con su historia o su tradición, muestra una preferencia por una religión concreta, no excede dicho margen. Así, la exposición de pesebres en lugares o edificios públicos no contraviene, la Constitución ni Convenciones, y en la presencia de símbolos religiosos en el espacio público no debe verse una forma de adoctrinamiento, sino la expresión de una unidad y una identidad culturales. En este contexto específico, los símbolos religiosos tienen una dimensión laica y, en consecuencia, no deben suprimirse”, sostiene el académico queretano.

De ser aprobada la sentencia, no implicaría la prohibición a particulares de celebrar la Navidad y colocar cuantos nacimientos se les pegue la gana, en función de las propias creencias; pero, sí sentaría un precedente sobre el alcance de la libertad religiosa y del Estado laico.

En Querétaro, por ejemplo, el municipio de Arroyo Seco -gobernado por Morena- destinó, en su presupuesto de este 2022, un millón 275 mil 829 pesos a “Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales”; además de 3 millones 071 mil 751 pesos al “Rescate a Nuestras Costumbres y Tradiciones”.

El documento enumeró 51 festivales y fiestas tradicionales que recibirían recursos públicos, con montos de 5 mil a tres millones de pesos; muchas de estas vinculadas con los santos patronos de las comunidades.

En Huimilpan, cuyo alcalde es del PVEM, entre las festividades públicas incluidas en su presupuesto para este año, estuvieron el Día de Reyes y el Día de Muertos.

En Corregidora, las festividades populares incluidas por el PAN en su presupuesto fueron básicamente religiosas: Tradicionales Fiestas de Febrero de la Virgen de El Pueblito, Semana Santa, Aniversario del Santuario de Schoenstatt, Aniversario de la Coronación de la Virgen Del Pueblito y el Festival de Huesos y Tradiciones. A las dos primeras destinó 101 mil 650 pesos y 16 mil 050 pesos, respectivamente.

El municipio de Querétaro, para el Día de Muertos, contempló 210 mil pesos, según su respectivo presupuesto.

En todos los presupuestos aparece la leyenda: “Con fundamento en la fracción VII inciso b) del artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, al ser festividades tradicionales y/o culturales públicas se determina que no existe recuperación del gasto por dicho concepto”.

Existe además la Coordinación de Patrimonio Inmaterial y Fiestas Comunitarias, cuyo fin es “mostrar la riqueza que encierran las fiestas patronales y tradicionales, la historia oral y las tradiciones que conforman la cultura popular de las comunidades rurales, barrios y pueblos del estado de Querétaro”.

La Secretaría de Cultura publicó en 2020, el Anuario de Fiestas Tradicionales en Querétaro; un documento que enumera las celebraciones fundamentalmente religiosas.

De seguir lo planteado por el ministro en el conocido como “Proyecto Grinch”, y ante su argumento de que existe una “inevitable irradiación de los símbolos sobre la psique de las personas” y estos actos de la autoridad inciden, “aunque indirectamente (agravio personal e indirecto), en el ejercicio de la libertad de conciencia”, ¿debería entonces el municipio de Querétaro quitar la cruz del muro de acceso al Panteón Cimatario?, ¿Deberá dejar de impulsar la secretaria de Turismo la ruta religiosa?

Y el propio López Obrador ¿tendrá que dejar de hacer referencia a Jesucristo en las mañaneras y trabajar el próximo 2 de noviembre?… pero ¿y las limpias a las que se somete en los lugares que visita, esas sí podrán continuar?

La CNDH, parte de la estrategia