Tal parece que el largo sueño acariciado por los periodistas en Querétaro de contar con una protección a fondo para el gremio se quedará en eso… solo sueños guajiros.
Legislaturas han ido y venido, al igual que las promesas de reconocer en una ley la importante labor de las y los periodistas en la consolidación de un estado democrático de derecho. Nadie ha querido tomar al toro por los cuernos.
Y no hay pues en Querétaro un marco jurídico concreto y local que garantice la existencia de políticas públicas a favor de las libertades de expresión y de prensa de quienes ejercemos esta profesión, ni medidas de prevención para evitar agresiones potenciales de toda índole.
¿Por qué?, ¿por qué han transcurrido tantos años sin que pueda concretarse una normatividad local robusta?, ¿le han apostado acaso al “Querétaro seguro”?, ¿y cuando la realidad nos alcance, qué harán: lavarse las manos y pedir a la Fiscalía General de la República que ejerza su facultad de atracción de los delitos del fuero común cometidos contra algún periodista?, ¿acusar que la responsabilidad de proteger a las y los periodistas corresponde al ámbito federal, mediante un mecanismo que ha quedado más que evidenciado no funciona?
Lo que sí hay en Querétaro, cabe subrayar, es una ley que establece el secreto profesional periodístico que data de 2012; y la adopción por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el 23 de agosto de 2019, del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, cuyo objetivo es “homologar la actuación del personal sustantivo de la Fiscalía General de la República, Procuradurías o Fiscalías Generales de los Estados durante la investigación cuando exista un hecho que la ley señale como delito, a fin de reunir los indicios y recabar datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, en apego a los estándares internacionales de derechos humanos”.
La más reciente propuesta en lo local, surgió de la diputada panista Beatriz Marmolejo; quien el 3 mayo de este año -en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa ¿casualidad?, no lo creo- invitó públicamente a periodistas y defensores de derechos humanos a “trabajar en conjunto un proyecto legislativo”.
Un mes después, pero aprovechando la efeméride del Día de la Libertad de Expresión en México, el 7 de junio (¿casualidad?, tampoco), aseguró que, a diferencia de sus antecesores en otras legislaturas, ahora se estaba escuchando la voz de los periodistas -lo cuál no es cierto, debido a que proporcional al número de promesas, ha habido encuentros con periodistas… que acaban en nada, eso sí- para definir el tipo de proyecto legislativo que impulsaría; “con las condiciones jurídicas y política actuales”… lo que sea que esto último signifique.
En algún momento, la diputada local declaró que el rumbo que podía tomar dicho proyecto legislativo era: una ley autónoma o bien reformar una ley ya existente; en otro, aseveró que el objetivo era crear un Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Y tal parece que en lo que acabará es en una reforma a la ley para darle facultades en la materia a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), cuyo titular Javier Rascado, reconoció en entrevista que el organismo carece de facultades ejecutivas para materializar la protección… y la reforma no podría convertirlo en un órgano jurisdiccional por su naturaleza.
“Yo tengo conocimiento que la diputada Beatriz Marmolejo, incluso ella me lo comentó así personalmente, que tiene la intención de hacer una modificación propiamente a la Ley de Derechos Humanos para darle más atribuciones a la Defensoría; honestamente desconozco en qué consisten esas facultades y cuál es la intención que tiene concretamente en esas medidas (…) y finalmente nosotros cumpliremos con lo que así se nos de como atribución”, aseveró.
Aunque insistió: “Sería preciso aclarar, que nosotros no somos un órgano jurisdiccional, ni tenemos facultades ejecutivas. Entonces creo que tendría que ser un mecanismo que se tendría que instrumentar con otras instituciones que sí tuvieran las facultades para ello, y además evidentemente la implicación presupuestal que eso conlleva (…) Nuestras recomendaciones contra las autoridades son eso: recomendaciones; que además las propias autoridades determinan si las aceptan o no. Y en esa medida se van ejecutando”.
Los sucesos de los últmos días en Querétaro han generado prepocupación en el gremio… y no es para menos; y no, no se vale que la salida sea un ¡sálvese quien pueda! o ¡rásquense con sus propias uñas!.
