La semana pasada, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien no pudo romper el “techo de cristal” impuesto por la cultura patriarcal y convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el escándalo que generó la revelación de un presunto plagio de su tesis de licenciatura; sí consiguió llevar al máximo tribunal en este país el ominoso discurso estigmatizante hacia la prensa.
Con ello, se sumó a la estrategia del presidente López Obrador, quien desde el arranque de su administración convirtió su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional en la máxima tribuna para infamar a periodistas y medios de comunicación en México.
“Tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas injerencias constituyen un atentado contra la independencia, independencia constitucional de la labor de quienes realizamos las juezas y jueces, así como la propia Corte como institución”, sostuvo en lo que más bien pareció una artimaña desesperada de una sierva de la nación, con el afán de ofrendar al altísimo el control del Poder Judicial de la Federación.
“En la actual época de la posverdad, tenemos que ser abiertos a las críticas de la función que realizamos como un desafío para explicar nuestro actuar. Ahora tenemos que abordar unidos los cuestionamientos hacia nosotros, hacia este Pleno, hacia alguno de los integrantes, hacia el Poder Judicial de la Federación con información, pruebas y hechos concretos”, agregó.
“Posverdad” es, según la Real Academia de la Lengua, la “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.
Pero su menosprecio a la labor periodística no paró ahí, pues acusó: “Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas, quisieran debilitar a esta Corte”, para enseguida señalar: “que ninguna persona juzgadora en este país, se deje intimidar por fuerzas ajenas, como lo son las mediáticas, políticas, económicas o sociales”.
Ante eso, es importante recordar que apenas -el pasado 10 de diciembre- Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), IFEX-ALC, Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Voces del Sur (VdS) lanzaron un comunicado conjunto sobre el agravamiento de las condiciones para ejercer el periodismo en Latinoamérica.
Las organizaciones expusieron ahí cuatro tendencias que les resultan preocupantes: El resurgimiento de regímenes políticos caudillistas, la desinformación en línea, los mecanismos de protección y la vigilancia y el espionaje.
En cuanto a la primera, manifestaron: “A lo largo de la región, vemos líderes que aplican una estrategia de convertir al mensajero en el mensaje. Constantemente acuñan una retórica anti-prensa como herramienta central en sus discursos oficiales”.
Y advirtieron: “Esta retórica debilita el debate público, inhibe el flujo y la pluralidad de ideas, al mismo tiempo que contribuye a un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas”.
Vergonzoso resulta, sin duda, que el entorno hostil hacia la prensa surja de las propias instituciones que deberían garantizar la libertad de difundir opiniones, información e ideas.
… Y ojo, la prensa en nuestro Querétaro lindo no está exenta de padecer violencia; ahí están las agresiones físicas y verbales que recibieron, el pasado 29 de diciembre, tres reporteros por parte de golpeadores profesionales, según reconoció la propia secretaría de Gobierno a nivel estatal.
Mi solidaridad con Nadia, compañera de trabajo en Códigoqro; así como con los compañeros Diego Hernández y Paulina Rosales.
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